Enjambre golpea red criminal en Edomex

La operación contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales ha llevado ante la justicia a alcaldes, mandos policiacos, funcionarios y expolicías.

La Operación “Enjambre” investiga la infiltración criminal en gobiernos y corporaciones policiacas del Estado de México.
La Operación “Enjambre” investiga la infiltración criminal en gobiernos y corporaciones policiacas del Estado de México.SSPC

La Operación “Enjambre”, desplegada para desarticular redes de protección institucional vinculadas con grupos criminales en el Estado de México, ha derivado en sentencias contra 27 objetivos prioritarios, entre ellos exalcaldes, mandos de seguridad, funcionarios municipales y policías.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las condenas acumuladas alcanzan mil 208 años y 10 meses de prisión, resultado de investigaciones y operativos realizados en coordinación con autoridades federales y estatales.

La estrategia tuvo su origen en las investigaciones por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas dentro de pozos ubicados en Nicolás Romero. Las indagatorias permitieron establecer la presunta participación de policías municipales y detectar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

Estos nexos habrían permitido a grupos criminales contar con estructuras de protección dentro de corporaciones policiacas y administraciones municipales para facilitar actividades como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El primer despliegue de gran escala se realizó el 22 de noviembre de 2024 con participación de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), además de la Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Seguridad estatal y la propia Fiscalía mexiquense.

Desde entonces han sido detenidos servidores y exservidores públicos, integrantes de cabildos, responsables de seguridad pública, directivos municipales y elementos policiacos investigados por delitos de alto impacto.

Entre los casos se encuentra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, sentenciada a 70 años de prisión por homicidio.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió dos condenas: 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

También fue condenado Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, a 50 años por secuestro exprés con fines de robo, mientras que Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió una sentencia de 40 años por extorsión.

Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, acumula dos condenas: 68 años y seis meses por desaparición forzada, así como 47 años y seis meses por extorsión.

Otros exfuncionarios y policías de Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás, Ecatepec y Nicolás Romero también han recibido penas por homicidio, secuestro, extorsión, evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión cada uno por homicidio calificado.

Las investigaciones continúan y que existen expedientes abiertos contra funcionarios de administraciones actuales y anteriores que podrían ser llevados ante jueces por su probable participación en actividades delictivas.

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