Brugada propone multas de hasta 46 mil pesos a caseros que inflen las rentas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, remitió al Congreso capitalino la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México
La iniciativa de rentas justas de la jefa de gobierno, Clara Brugada, establece que si un arrendador aumenta la renta en una proporción mayor al incremento de la inflación del último año, tendrá que pagar una multa de entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos, que son de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización, UMA.
Se trata del artículo 34 de la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México que Brugada entregó al Congreso local. Cabe recordar que desde agosto del 2024 el congreso local reformó el código civil estableciendo que el incremento en la renta no puede ser mayor al incremento en la inflación del año pasado.
El mismo artículo 34 de la iniciativa de Brugada, establece que si el arrendador no entrega al arrendatario el contrato original pagará una multa de 2 mil 932 a 5 mil 865 pesos, que son de 25 a 50 UMAS.
Además el arrendatario tiene derecho a recibir los servicios de mediación y asesoría que proporcione la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias y se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional, a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública donde se incluirá el nombre de las partes, ubicación y superficie del inmueble, precio de la renta, monto del depósito y tipo de garantía de cumplimiento.
Brugada también propuso reformar el artículo 2448 del código civil local, para que todo lo que tenga que ver con rentas sea regulado por la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México.
La jefa de gobierno también envió ayer una iniciativa en materia de educación inicial que reforma el artículo 8 de la constitución local para garantizar el derecho universal a la educación obligatoria “conformada por la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior”.
Y que el gobierno local garantizará este derecho “mediante una red progresiva de servicios de educación inicial. El sistema de educación inicial estará articulado con el Sistema Público de Cuidados y se sujetará a lo que dispongan las leyes y autoridades en la materia”.
También ayer la jefa de gobierno envió a Donceles la iniciativa de Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicotivas, que busca garantizar la salud mental en el grueso de la población, así como una reforma a la Ley de Cultura Cívica en materia de justicia cívica.