Excusas y recusas parlamentarias

El mandato representativo es, en esencia, un vehículo para trasladar intereses a las órbitas de decisión pública.

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Roberto Gil Zuarth 30/06/2014 02:06
Excusas y recusas parlamentarias

Por principio, nadie puede intervenir en un asunto público para favorecer un interés propio, directo o indirecto. Es un mínimo ético y también una obligación legal. Su incumplimiento da lugar a responsabilidades administrativas y, en algunos casos, penales. El estatuto de los funcionarios públicos ha asimilado dos instituciones para contrarrestar el conflicto entre intereses, esto es, para prevenir que el juicio o la discreción del agente del Estado se desvíe con el propósito de adquirir o conservar un beneficio, o bien, para evitar un perjuicio individual: la excusa y la recusa. La primera es, técnicamente, una obligación a cargo del servidor público para evaluar una situación en la que se comprometa su imparcialidad y, en su caso, abstenerse de su conocimiento y resolución. En estricto sentido, esta figura actúa como una excepción a una obligación primaria de los servidores públicos: decidir las cuestiones que encuadran en su órbita legal de responsabilidades. De esta manera, la excusa es un mecanismo para no decidir —sin consecuencias legales por dicha omisión— en razón de una incapacidad personal. En contrapartida, la recusa es una facultad, generalmente otorgada a una de las partes en un contradictorio, encaminada a provocar que el juzgador quede inhabilitado para participar en la deliberación y sanción de un caso sometido a su consideración. Es, pues, un instrumento para poner en entredicho la conducción imparcial de un juzgador y, consecuentemente, aislarlo de la decisión. Si la excusa es la separación voluntaria de un expediente, la recusa es el fórceps de la imparcialidad. En un caso, el juez se aleja para no contaminar el sentido del fallo. En el otro, el juez es expulsado, en contra de su voluntad, del proceso decisorio.

Las excusas y recusas son cotidianas en las dinámicas jurisdiccionales. Los jueces se separan de casos por advertir que pesa sobre su ánimo una afinidad o una enemistad con alguna de las partes. Y es que la imparcialidad no sólo se pone en entredicho cuando existe la posibilidad de beneficiar, sino también cuando hay oportunidad para provocar un mal. Decidir sobre el interés de un amigo o de un enemigo compromete en igual intensidad la voluntad del juez. Igualmente frecuentes son las acciones recusatorias. El aparato judicial es habitualmente excitado a pronunciarse sobre un conflicto latente entre el interés del juez y el interés de las partes. Pues bien, lo que en sede jurisdiccional es cotidiano, en la vida parlamentaria suele ser francamente marginal. Hay razones de principio e institucionales que explican esa excepcionalidad. El mandato representativo es, en esencia, un vehículo para trasladar intereses a las órbitas de decisión pública. La imparcialidad de la decisión parlamentaria no es resultado de la generosa abstención personal en esa zona gris donde intersectan intereses parciales. Es, por el contrario, consecuencia de la construcción colegiada y deliberativa del método decisorio. Las distintas procedencias —ideológicas, sociológicas, regionales— que definen a una asamblea representativa, junto con la mecánica de discusión abierta y pública, induce a abandonar posiciones basadas en el propio interés y alumbra el sentido de bien común de la asamblea. Los intereses parciales se inhabilitan en el debate, en la razón pública de sus inconveniencias e implicaciones, en la denuncia pública de sus propósitos e insolvencias. Para garantizar la imparcialidad, no se requiere la expulsión de un integrante, sino su acorralamiento argumentativo. Y es que la verdad pública no puede prescindir de ninguna razón, ya sea para asimilarla o para rebatirla. Tan necesario es el argumento que hilvana sobre el interés superior, como aquel que no renuncia a la cofradía del interés particular. La corrección —como cualidad de lo correcto— de una decisión depende de la imparcialidad del juicio decisorio, sí, pero es impensable sin la dialéctica entre todo tipo de racionalidades. La imparcialidad desde la que fecunda lo justo es consecuencia del método, de sus incentivos y antídotos, de la equilibrada intervención de los que la procuran y de los que la acechan.

El derecho parlamentario prevé la excusa, esto es, la separación personal y voluntaria de un diputado o senador en la decisión y voto de una pieza legislativa, cuando del resultado pueda obtener un beneficio personal. No sucede lo mismo con la recusa. Su inexistencia no es olvido, una laguna, un supuesto inexplicablemente no previsto en la normativa parlamentaria. Otorgar a una parte el derecho de inhabilitar a un legislador, a través de una mayoría, para participar en la toma de decisiones, es una forma de vulnerar el mandato representativo y una peligrosa arma para excluir razones, intereses o intenciones de la deliberación pública. Un mecanismo para cancelar el acceso efectivo a la representación y nulificar la participación política de los ciudadanos. En contextos de gobierno divididos o de mayorías volátiles, la recusa podría servir a los propósitos de provocar sumatorias favorables de votos. Una zancadilla para decidir o evitar que se decida. Un falso clavado en el área para obtener, robar, un tiro penal.  

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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