Superficiales, coexistencia y otros derechos

Al hacedor de la política le corresponde que el punto de partida no genere vencedores ni vencidos para siempre.

COMPARTIR 
Roberto Gil Zuarth 16/06/2014 02:08
Superficiales, coexistencia y otros derechos

La liberalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la generación de energía, es el propósito central de la Reforma Energética que impulsa Acción Nacional. Sí, se trata de romper el absurdo monopolio del Estado y, en contrapartida, abrir el mercado de los energéticos a las reglas de la oferta y la demanda. Ni más ni menos. Y es que el modelo vigente, que reserva al Estado prácticamente todas las actividades de la cadena productiva, desde la exploración hasta la comercialización, ha provocado que los energéticos sean escasos y, por tanto, caros, con las obvias consecuencias en la productividad y en la competitividad del país. Si el insumo esencial para producir tiene un alto costo, el precio del bien o del servicio tenderá a ser mayor en comparación con aquellos que se producen en entornos económicos con energéticos más eficientes o más baratos. La reforma tiene la pretensión de trascender la ley económica de la sábana, esto es, la difícil elección de elegir el destino de recursos públicos por definición escasos: en una plataforma petrolera o en escuelas, en estudios geológicos o en inteligencia policial, en refinadoras o en hospitales.

Permitir que el empeño privado participe en el mercado de los energéticos supone crear y garantizar derechos subjetivos. Derechos que son oponibles al Estado y que, inevitablemente, compiten con otros derechos preexistentes. En estricto sentido, el mercado (o los mercados) son un conjunto de relaciones tuteladas por el orden jurídico que tienen por objetivo generar riqueza, pública o privada. Esas relaciones son, esencialmente, situaciones dinámicas en las que interactúan derechos y facultades: derechos de los individuos y potestades estatales para limitarlos o hacerlos exigibles. Interacciones entre sujetos a partir de posiciones individuales frente al conjunto normativo y frente a los agentes a través de los cuales el derecho se personifica. Patrimonio, compraventa, contrato, contraprestación, son reflejos o expresiones de derechos económicos: derecho a poseer, derecho a disponer de lo poseído, derecho a obligarse, derecho a exigir el cumplimiento de un pacto, etcétera.

La exploración y explotación de hidrocarburos a manos de particulares, lo que hoy hace el Estado desde su posición de imperio, provocará el desplazamiento, parcial o total, de otras actividades productivas. El petróleo y el gas se encuentran en el subsuelo por encima o debajo de otros bienes susceptibles de explotación, bajo diversos regímenes, con mayores o menores intensidades de intervención estatal. Para instalar un pozo de extracción de gas se requiere una proporción de tierra y facilidades de paso para almacenar y transportar equipos, personas y producto. Se requiere, en síntesis, afectar propiedad privada, social o pública, es decir, limitar derechos individuales o colectivos. Puede ser, además, que los yacimientos de hidrocarburos se encuentren en zonas bajo explotación de algún mineral en régimen de concesión. La explotación de aquellos invariablemente incidirá, ya sea por las técnicas usadas o por la superposición física de los yacimientos, en la realización de las otras actividades económicas. De nueva cuenta, derechos en tensión que, bajo ciertas consideraciones de interés público, pueden resolverse a favor de unos u otros. Sin embargo, en su forma abstracta, tienen el mismo valor y, en consecuencia, el deber de armonizarlos, de ponderarlos y de justificar su prevalencia en el caso concreto.

La viabilidad de una política de liberalización de mercados reside en la adecuada conciliación de los derechos en juego. Al hacedor de la política le corresponde que el punto de partida no genere vencedores ni vencidos para siempre, que el desplazamiento inevitable entre actividades no diluya patrimonios, merme riqueza o condene a ineficiencias insuperables. Al aplicador de la ley le toca la constante solución de las tensiones entre las posiciones subjetivas, a partir de razones fuertes, objetivas y evaluables que ponderen los costos y beneficios, particulares y colectivos, de inclinar la balanza a un lado o hacia el otro. La reforma constitucional mandató que los derechos superficiales, la propiedad y las actividades que se basan en ella no sean sacrificadas por el apetito de la riqueza en forma de gas o petróleo. Pero también estipuló que las actividades de exploración del subsuelo coexistan, desde los minerales hasta los hidrocarburos. Esto significa que es preciso crear marcos regulatorios que impliquen pagos justos, incentivos al acuerdo entre titulares de derechos y modelos de socialización de la riqueza. Ordenar, en suma, los derechos viejos y los derechos nuevos.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red