Bullying

El acoso escolar, debe tratarse y enfrentarse con opciones alternativas a la privación de la libertad.

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Roberto Gil Zuarth 09/06/2014 01:39
Bullying

Recientes casos con desenlaces fatales han puesto en el centro de la discusión social el fenómeno del acoso escolar, mejor conocido bajo el anglicismo bullying. Como ya es habitual en el discurso político, de inmediato surgieron propuestas e iniciativas para tratar estas conductas desde el derecho penal. Legislar para crear un delito específico e imponer una pena severa como paliativo a la indignación. Desde el populismo penal, se cree que basta con reformar el código penal para prevenir e inhibir conductas socialmente perniciosas. La receta de siempre: engordar el catálogo de delitos, intensificar su calificación de gravedad para garantizar la prisión desde la aprehensión y durante el juicio, aumentar irracionalmente las penas para asegurar que el infractor jamás vuelva a ver la luz del sol. Ninguna alternativa más eficaz que el reproche penal del Estado. La cárcel como remedio a todos los males de la convivencia.

Estados Unidos ha puesto nombre y, también, los primeros esfuerzos sistemáticos de regulación del acoso escolar. A 2012, 48 estados habían aprobado leyes para prevenir y una buena parte de ellas se han reformado para incorporar modalidades específicas de acoso o intimidación en contextos escolares, como el denominado ciberbullying. La preocupación sobre el acoso escolar tomó fuerza en la década de 2000, después de varios casos de tiroteos en secundarias y preparatorias a manos de niños y jóvenes, generalmente bajo situación de trastorno sicológico y con fácil acceso a armas de fuego. Las investigaciones de esos incidentes revelaron que en un número importante de casos, los perpetradores habían sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros. Antes de esos incidentes, el acoso o intimidación eran relativamente tolerados en la subcultura escolar. De hecho, esos grados de tolerancia coexistían con cierta apología con las dinámicas de violencia en las relaciones escolares. Interacciones de fuerza para fecundar instintos de supervivencia o forjar hábitos de liderazgo. No es casual que los primeros trabajos empíricos sobre el acoso escolar tuvieran como objeto de estudio a equipos deportivos. El acoso entre compañeros de equipo aparecía como una práctica no sólo aceptada, sino también cohesiva. Conductas para definir la identidad, pertenencia y movilidad en un determinado colectivo que inevitablemente irradiaban al resto de las relaciones de sus componentes: en la casa, en la escuela y en el trabajo.

La evidencia fue demostrando que la violencia de baja intensidad que significa las conductas de acoso suele escalar a formas más severas. De ahí surgió la necesidad de implementar políticas públicas para prevenirlas. En muy pocos casos se ha optado por la ruta de su criminalización: únicamente nueve estados de la Unión Americana extendieron la aplicación de las leyes penales al fenómeno de acoso escolar (varios de ellos son notoriamente conservadores). El resto, con resultados ciertamente disímbolos, han elegido la vía de la regulación suave: códigos de conducta elaborados de manera participativa; capacitación focalizada a profesores y directivos sobre causas, formas de detección, consecuencias y medidas de atención; incorporación a los programas académicos de contenidos instructivos sobre acoso y valores alternativos de convivencia; reportes obligatorios de casos a cargo de profesores y directivos; fórmulas anónimas de denuncia para proteger la identidad de las víctimas y evitar que se agrave la situación de acoso; medidas disciplinarias con consecuencias poco invasivas como, por ejemplo, ampliación de jornada escolar, calificaciones reprobatorias, repetición de grado, restricciones a actividades extracurriculares (particularmente las deportivas), revocación de licencias de manejo, trabajo comunitario; medidas de intervención en el entorno de los acosadores para romper círculos viciosos de violencia; acciones civiles para la reparación del daño a cargo de los padres, etcétera.

El populismo penal ha atrofiado al sistema de justicia. Es ineficaz para inhibir precisamente porque se ha usado para toda conducta reprochable, sin reparar en la razonabilidad del último recurso que define a la potestad punitiva del Estado. La criminalización de las conductas de acoso e intimidación escolar muy probablemente conducirá a profundizar las causas de la violencia. Las cárceles, sobre todo las mexicanas, no son escuelas de virtud ni son los espacios para inculcar competencias para elegir y procurar un plan de vida. Son instalaciones para asumir responsabilidad por un daño infringido. Punto. Los niños y jóvenes que acosan a sus compañeros deben enfrentar consecuencias por sus acciones, invariablemente en proporción a sus efectos, a través de medidas disciplinarias que les den la oportunidad de enmendar sus comportamientos y aprehender su responsabilidad, no a condenarse a un destino sin otra oportunidad que la frustración del violento. Si cometen cualquier delito, lesiones u homicidio, deben someterse al derecho penal que castiga esas conductas. El acoso o intimidación escolar como tal, debe tratarse y enfrentarse con otras alternativas que aporta el derecho, que pueden ser incluso más eficaces que el castigo privativo de la libertad. Las opciones de los incentivos. La ruta no violenta de los valores. 

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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