La política criminal de la libertad

México ocupa el sexto lugar en población penitenciaria en Latinoamérica.

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Roberto Gil Zuarth 31/03/2014 02:16
La política criminal de la libertad

El sistema penitenciario mexicano está colapsado. La capacidad instalada es notariamente inferior a la población en situación de reclusión. Los espacios disponibles pasaron de 121 mil 135 a 200 mil 100, de 2000 a 2013, mientras que la población penitenciaria total pasó de 154 mil 765 a 246 mil 200 en ese mismo lapso. Estas cifras reflejan que la infraestructura crece a una tasa menor que el número de personas en prisión. En términos agregados, la sobrepoblación se ha comportado de forma relativamente estable durante la última década, esto es, por debajo de 30 por ciento. Sin embargo, estudios recientes muestran importantes disparidades regionales. Según Catalina Pérez Correa ((Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México, CIDE, 2012), para 2011, el Distrito Federal reportaba sobrepoblaciones carcelarias de 80%, de 76% en el Estado de México y de 64% en Nayarit.

México ocupa el sexto lugar en población penitenciaria en Latinoamérica: 204 presos por cada cien mil habitantes. Pero una alta proporción de personas en prisión en modo alguno es un indicador de eficacia en la procuración de justicia. Todo lo contrario. Si bien el comportamiento del sistema penitenciario responde a la política criminal que aplican las agencias estatales, es decir, a la decisión sobre qué tipos de conductas ameritan el reproche penal y, en particular, la pena de privación de libertad, también es cierto que las reglas del sistema de justicia penal inciden de manera directa en una mayor o menor población penitenciaria. El colapso del sistema penitenciario mexicano obedece a una mala combinación de ambos elementos. Por un lado, la creciente percepción de inseguridad se ha atacado no por la vía del fortalecimiento de las capacidades institucionales para investigar, aprehender y juzgar al infractor, sino por una irracional tendencia al aumento de las penas. En lugar de aumentar la probabilidad de que un delito efectivamente se castigue para crear un contexto que inhiba conductas delictivas, se ha recurrido al costo esperado por delinquir (pena) como pedagogía social disuasiva. Por otro lado, la justicia penal hace un uso intensivo y absurdo de la prisión preventiva como medida cautelar. La misma tendencia de aumento de penas se expresa en la regulación de la prisión durante el proceso. En la última década se ha abultado el catálogo de delitos que se consideran graves y que exigen enfrentar el proceso penal en una cárcel. Así, en ausencia de una política criminal racional y proporcional que recurra sólo de forma excepcional a la prisión, los gobiernos y los partidos habitualmente reaccionan a la demanda ciudadana de seguridad agravando penas y sobrepoblando las prisiones de procesados. Los resultados han sido desafortunados: la inseguridad no cede, el tejido social se debilita por miles de familias que viven las consecuencias económicas de la pérdida de libertad, las cárceles son espacios para el reclutamiento por parte de organizaciones criminales, verdaderos infiernos de hacinamiento e indignidad. Es la realidad a la que todos, por décadas, hemos abonado.

El sistema penitenciario debe despresurizarse a través de una política objetiva y evaluable de excarcelación. No sólo para abaratar costos y utilizar de forma más eficiente la capacidad instalada, sino para rehacer historias concretas de vida. Debemos sacar personas de las cárceles para reincorporarlas a la sociedad como un principio elemental de justicia. Las reglas vigentes de liberación anticipada son sumamente rígidas, casuísticas y, por tanto, no se encuentran asociadas ni responden a una política criminal críticamente asumida. Los jueces liberan reos por un ejercicio mecánico de supuestos y cuentas de días. Los ejecutivos, en el mejor de los casos, con tibios programas en la víspera de la Navidad. Una política de excarcelación debe sustentarse en una decisión de política criminal: ¿Qué conductas, por el daño o por sus consecuencias en la convivencia colectiva, ameritan la máxima intervención del Estado y el más severo reproche y cuáles penas pueden sustituirse con otras medidas una vez impuestas? La política criminal de las drogas puede ser el punto de partida para una política general de liberación anticipada, dado que concentra una buena proporción de las energías institucionales para prevenir, investigar, juzgar y sancionar delitos. En particular, las condenas por posesión y consumo de mariguana que se encuentran dentro del umbral legal del narcomenudeo, siempre y cuando no hubiere mediado violencia en la ejecución de la conducta y se trate de primodelincuentes. La posesión para efecto de consumo de siete gramos de mariguana no debiera castigarse con prisión, sino con tratamiento clínico a la adicción, trabajo comunitario o por la imposición de gravámenes sustitutos.

Una política de excarcelación a favor de personas sentenciadas por delitos contra la salud de baja peligrosidad, podría ofrecer información valiosa para repensar la política de criminalización del consumo de la mariguana. Quizás un conjunto de historias rehechas pueda demostrar que poco daño hacen a la sociedad las decisiones individuales de consumo. En general, devolver la libertad a personas bajo proceso o condenadas por delitos menores puede restablecer la racionalidad que han perdido la política criminal y el sistema de justicia penal en su conjunto. Esa vieja racionalidad de la justicia proporcional.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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