IFE: 23 años

No debe haber espacio de duda para ratificar a los consejeros electorales que no han concluido su mandato.

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Roberto Gil Zuarth 24/03/2014 02:15
IFE: 23 años

La pluralidad política y la democracia electoral son inconcebibles sin el IFE. Las reformas de la transición hubiesen sido letra muerta sin la responsable conducción de la autoridad electoral federal. La transición democrática, un propósito extraviado sin una institución que se hubiese impuesto a sí misma el deber de procurarla. La inevitable inconformidad política por el saldo electoral en el momento del cambio político pudo ser motivo de inestabilidad y, quizá, de conflicto, sin la credibilidad ganada por el perfil ciudadano, el empeño por la profesionalización, la apertura de sus rutinas, la colegialidad de sus deliberaciones, el control externo y posterior sobre sus decisiones. El IFE fue un diseño de ingeniería política para procesar la desconfianza entre adversarios. Al paso de 23 años, es, a ojos de propios y extraños, un artefacto ejemplar de la común aspiración democrática. El espejo de los demócratas.

No hay mayor reconocimiento a los aportes del IFE que su transformación en una autoridad nacional, que la ampliación de su mandato constitucional para comprender funciones hasta ahora reservadas a los estados y al Distrito Federal. La premisa central de la creación del INE no es la extinción de su antecesor como pataleta de descontento. Al contrario, es la evidencia de que la democratización mexicana ha sido un proceso a distintas velocidades y divergentes resultados, un proceso inacabado que requiere un impulso igualador. La pluralidad política a nivel subnacional es un espejismo, no un peso que contrapesa efectivamente el ejercicio del poder e inhibe excesos. Las elecciones locales no se organizan con estándares de calidad y profesionalismo mínimamente equiparables a los que imperan a nivel federal. En muchas entidades federativas del país, el árbitro electoral se encuentra capturado y sometido a los ejecutivos o a sus partidos por debilidad crónica, complacencia o miedo. Las urnas desaparecen, las boletas se alteran, los cómputos cambian de sede a contentillo de algún funcionario estatal. Los programas de resultados preliminares se interrumpen extrañamente al terminar la jornada, los conteos rápidos son ejercicios artesanales que no abonan a la certeza, la capacitación de los funcionarios de casillas termina en adoctrinamiento partidario. Los gobiernos utilizan recursos públicos para promover el voto a favor de partidos o candidatos sin escrúpulo alguno, toleran actos de compra y coacción del voto, dejan pasar iniquidades en el acceso a los espacios de radio y televisión. Sin garantías institucionales, sin presupuesto, bajo el amago de la coacción política y sin futuro cierto, cientos de funcionarios electorales locales miran para otra parte. Es la realidad actual. La misma que, hecha rutina nacional, motivó el nacimiento del IFE hace poco más de dos décadas.

El INE, en el equilibrio recogido en la reforma político-electoral, responde a una política de igualación de capacidades institucionales para organizar y arbitrar las elecciones. Surge de la común convicción de que no necesitamos un IFE único, con una sola ley que expropie la facultad de las entidades federativas de determinar su régimen político interior, sino un piso común de reglas y procedimientos cuya aplicación es responsabilidad de 33 órganos electorales dotados de autonomía, sentido de colegialidad, profesionalismo, estabilidad y protecciones fuertes a su función. El INE es autoridad federal, con competencias directas en procesos electorales de ese orden, pero al mismo tiempo adquiere dimensión nacional en la medida que adquiere funciones específicas del ámbito electoral local y la atribución de emitir normas, delegar o arrogar actos, así como de revisar decisiones por su especial importancia. El INE es un diseño que surge de una idea de federalismo flexible, esto es, de una lógica de distribución de funciones que no es ciega ni sorda a las realidades materiales o capacidades institucionales y que, por tanto, se puede amoldar a las circunstancias a través de decisiones vinculantes. Nada extraño, por cierto, en la evolución institucional del arbitraje electoral: en sucesivas reformas, el IFE ha adquirido atribuciones de alcance nacional, desde el registro federal electoral hasta la administración de los tiempos de radio y televisión para efectos político-electorales. Otra evidencia de que el IFE es confiable para el grueso de la sociedad y de su representación política.

El IFE es su andamiaje jurídico, su memoria institucional y los miles de funcionarios profesionales que dan certeza al proceso político de elegir autoridades. Ahí radica su valía. Por eso, no debe haber espacio de duda para ratificar a los cuatro consejeros electorales que no han concluido su mandato. Se les necesita para salvaguardar la experiencia y las innegables fortalezas de la institución. María, Benito, Marco y Lorenzo son indispensables para el nacimiento del INE. Insustituibles para cuidar el legado del IFE.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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