Michoacán en su laberinto

El crimen organizado en Michoacán no es una cuestión de trasiego y comercialización de droga.

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Roberto Gil Zuarth 27/01/2014 01:42
Michoacán en su laberinto

Tres elementos definen la actual situación de Michoacán: la metamorfosis del fenómeno del crimen organizado, el vacío de autoridad política y el surgimiento de estructuras parapoliciales con cierto grado de legitimidad social, ante la debilidad del Estado de ejercer el monopolio de la fuerza física legítima. Estos tres elementos se implican, inevitablemente, entre sí.

El crimen organizado en Michoacán no es una cuestión de trasiego y comercialización de droga. La violencia no se explica más en la disputa entre cárteles por unas rutas, por plazas o por cobertura institucional a las actividades delictivas. El crimen organizado pretende apropiarse de la renta privada. Desde que Michoacán resurgió a la atención nacional, proliferan testimonios de la forma en la que los criminales matan o amenazan a los dueños de tierra de cultivo de limón o aguacate, por ejemplo, para explotar el negocio. Extorsionan a compradores o distribuidores de bienes para garantizar exclusividad en las transacciones. Secuestran para hacerse de la propiedad o utilidad de empresas y actividades productivas. Su intención no es colocar gramos de cocaína o mariguana en manos de consumidores, sino controlar cualquier fuente de riqueza a través de la violencia. Michoacán refleja un fenómeno de diversificación de la conducta delictiva del crimen organizado. Han mutado de cárteles que pretenden controlar el mercado de las drogas a una auténtica mafia que penetra todo el espectro de la vida económica de la sociedad. De los cárteles colombianos a la mafia siciliana.

El vacío de autoridad política en Michoacán tiene dos dimensiones. Por un lado, la evidente incapacidad de la administración estatal para conducir el gobierno y ejercer el liderazgo político en la sociedad y, por otro, la generalizada percepción de que las autoridades municipales están, por complicidad o miedo, involucradas con el crimen organizado. La falta de eficacia de unos y la desconfianza sobre otros ha deslegitimado la presencia y la acción de la autoridad. El gobierno estatal no tiene credibilidad para convocar a la sociedad a una respuesta integral a la situación prevaleciente de seguridad, como sucedió en Tijuana o Ciudad Juárez, donde la cultura de la denuncia y la estrategia de colaboración mostró resultados tangibles. No tiene fuerza política para procurar justicia y tomar decisiones ejemplares sobre servidores públicos que colaboran con el crimen. Nadie confía en los ayuntamientos. En la proximidad del arreglo municipal, los ciudadanos pueden señalar a funcionarios que forman parte de las redes criminales: desde policías hasta las direcciones de alcoholes, obras públicas y adquisiciones. La mafia ya penetró a la estructura de gobierno. Todos se miran con suspicacia. El miedo que siembran el silencio y la rendición.

“Bañe a la muchacha porque en dos horas vengo por ella”, es la orden que un padre michoacano recibió de un criminal con metralleta en mano. La sentencia fue puntualmente cumplida. Nunca han vuelto a ver a su hija. Los criminales han roto todo el tejido social. No hay nada a salvo de la amenaza violenta. Pueden llevarse todo. En la desesperación y el desamparo surge la intención de la represalia personal, la legitimación de la justicia por propia mano. ¿Cómo esperar a que los gobiernos puedan o quieran proteger mi casa, mi familia o mi comunidad? De ahí a las autodefensas. El monopolio de la fuerza que define la existencia del Estado pulverizado en expresiones de violencia privada. La Familia Michoacana surgió y se legitimó socialmente bajo ese discurso justiciero. Las autodefensas son la cara visible y armada de la derrota del Estado. Tienen más respaldo social, campean en territorios sin ley, imponen el orden. Una suerte de estadio preestatal. El contrafactual estado de naturaleza hecho realidad. Por eso no basta con enlistar a las autodefensas en los cuerpos policiales: es necesario renovar el contrato social que dé nueva existencia a la organización política.

El tiempo ha dado la razón a la estrategia de intervención subsidiaria de la Federación. El gobierno federal debe ver al pasado reciente para continuar o corregir. Revisar lo que funcionó en Tijuana, Ciudad Juárez o Monterrey. La estrategia de contención, creación de instituciones y restablecimiento del tejido social es, en sus fundamentos, la estrategia correcta. El gobierno federal se juega la credibilidad en Michoacán y, en buena medida, la pronta materialización de las reformas económicas recientes. Nadie invertirá en el sector energético mientras exista el riesgo de que la situación de Michoacán se extienda a Tamaulipas o Veracruz. Michoacán es la prueba de fuego del Estado mexicano. No hay tiempo ni circunstancia para inventar el hilo negro. Hay lecciones acumuladas para salir del laberinto.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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