Reforma Política

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Roberto Gil Zuarth 09/12/2013 02:16
Reforma Política

Las reformas políticas y electorales han sido pretensiones recurrentes en la democracia mexicana. Después de cada proceso electoral, se intensifica la intención de corregir las deficiencias del andamiaje de la competencia, de esterilizar fenómenos que inducen a la insatisfacción de los competidores, de cerrar paso a los vacíos que, a juicio de algunos, inciden en el resultado. Los procesos de reforma electoral siempre surgen de la tensión de la lucha por los votos. Aquí y en cualquier democracia. Sí, las reformas electorales persiguen propósitos terapéuticos, pero también responden a la necesidad de reanimar la lealtad democrática de partidos y candidatos, sobre todo cuando persisten distorsiones en la mecánica de convertir preferencias en responsabilidades concretas de poder. 

Desde que inició la transición democrática, la modernización del sistema político ha sido un objetivo planteado, pero pospuesto. En la década de los noventa, la denominada “Reforma del Estado” era el centro sobre el que gravitaba la política. Lo cierto es que esa agenda nunca se acometió con decisión. Ríos de tinta corrieron para analizar modelos, instituciones, sistemas. Desde un sinnúmero de mesas, foros, grupos, comisiones se ha insistido en que la funcionalidad de la democracia mexicana, medida en términos de acuerdos políticos, requería una cirugía mayor a los incentivos y modos de relación entre los poderes públicos, y entre éstos y los ciudadanos. La primera alternancia no abrazó con énfasis el cambio en las estructuras de gobierno. Se pensó, con cierta ingenuidad, que un régimen con legitimidad democrática provocaría, inexorablemente, una forma distinta de hacer y de ejercer el poder. El hecho de los gobiernos divididos demostró que nuestro sistema tiene pocos instrumentos para superar la obstrucción. Asimismo, la rigidez del federalismo mexicano ha fecundado parcelas autoritarias. El resultado, después de tres lustros, es una transición democrática inacabada, a dos velocidades, en la que coexisten realidades políticas contradictorias: la garantía efectiva del voto, el pluralismo político, la división e independencia de poderes con procesos electorales fraudulentos, hegemonías partidarias artificiales, subordinación de las instituciones a los designios del Ejecutivo local en turno. Pero, sobre todo, después de dos alternancias, el saldo ha sido la certeza de que con estas instituciones y con los incentivos existentes es francamente difícil gobernar.

La Reforma Política que recientemente aprobaron ambas cámaras del Congreso no es la transformación definitiva ni mucho menos la panacea a todos los males de nuestra convivencia democrática. Es, como lo han sido todos los procesos antecedentes, un paso más que responde a cálculos y lógicas circunstanciales. La mayor virtud de esta reforma es, sin embargo, la profundidad de su intención: no se ha agotado en un episodio catártico para atemperar las frustraciones derivadas del último desenlace electoral, sino que se propone crear una nueva dinámica de interacción entre los detentadores de poder político. Si bien modifica aspectos esenciales de la regulación electoral federal, sobre todo en materia de equidad en la competencia, su objetivo está puesto en inducir, desde la Constitución, a la transición democrática en el ámbito local. ¿Cómo? A través, entre otros mecanismos como los límites de sub y sobrerrepresentación en la integración de las legislaturas locales, de un nuevo sistema de organización electoral. El núcleo de la reforma no está en la creación de un órgano nacional responsable de organizar y arbitrar todos los procesos electorales, como se afirma reiteradamente. La propuesta del INE, tal y como surgió del Pacto por México, fue claramente abandonada en las deliberaciones del Senado. En contrapartida, se optó por un sistema basado en tres pilares: a) una regulación homogénea para todo el país, a través de leyes generales (de procedimientos y organismos electorales, de delitos electorales y de partidos políticos), de modo que las buenas prácticas que se han implementado a nivel federal irradien, de forma vinculante, a los procesos locales; b) un árbitro nacional que además de las funciones vigentes de organización de elecciones federales, tenga a su cargo garantizar que las autoridades electorales locales respondan a los mismos estándares de calidad y, c), un sistema de carrera electoral que atempere el riesgo de la captura de los árbitros electorales y profesionalice progresivamente su función, pendientes claros en la institucionalidad electoral a nivel subnacional.

Pero es también una reforma política que concreta, entre otros, tres grandes pendientes: el fortalecimiento de la función parlamentaria, a través de la reelección legislativa; la creación de incentivos explícitos a la cooperación entre poderes, mediante la figura del gobierno de coalición, y la objetividad y profesionalización de la procuración de justicia, a partir de la autonomía constitucional de la PGR. Estos tres cambios inciden sensiblemente en la lógica de funcionamiento del Estado, pues modifican los impulsos a los que responde cada instancia de poder.

Esta reforma alentará las transiciones democráticas locales. Hará más funcional la relación entre los poderes con legitimación democrática y mejorará los procesos de toma de decisiones en las instituciones representativas. Es, sin duda, la mayor transformación a nuestro sistema político, desde las reformas electorales que abrieron cauce a la pluralidad. Su utilidad estará sujeta a la prueba del tiempo. Bien vale la pena concederle el beneficio de la duda.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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