Desaparecer lo que no existe

La Constitución es una caja de herramientas. Más que la concreción de un ideario o de un programa histórico, la función del texto constitucional es instrumental. Reglas y dispositivos que modulan las interacciones del poder. Taladros para motivar conductas, martillos para vencer resistencias, desarmadores para ajustar las relaciones entre diferentes. Como herramientas, sus usos pueden variar en el tiempo y en función de las circunstancias. No son ajenas a las necesidades instrumentales, ni sus potencialidades están limitadas por la razón que motivó su diseño original. El taladro fue creado para hacer un orificio, pero puede funcionar para apretar o retirar un tornillo. El uso de las herramientas responde a la lectura que se haga de su función. Es claro que su propia fisonomía determina su utilidad. El martillo no es herramienta idónea para ajustar una clavilla. Pero sus componentes, la forma en la que están dispuestas sus piezas, el equilibrio de sus pesos y materiales abren indeterminadamente sus posibles usos. El instructivo o el uso corriente podrán sugerir que el martillo sirve para dosificar golpes para transformar otro material, pero también puede funcionar como pala o palanca. La función de las herramientas depende del propósito de su utilización, de las necesidades contingentes, de la habilidad de quien ejecuta el trabajo. Son medios para alcanzar fines. Elementos para alterar realidades materiales.

El federalismo mexicano está atrofiado. En primer lugar, el arreglo federal distribuye responsabilidades de forma igualitaria sin conciencia de las particularidades de los componentes. Otorga poderes sin válvulas para redistribuirlos en función de las circunstancias. El federalismo mexicano es institucionalmente ciego y, en consecuencia, no responde a las necesidades de la realidad. En segundo lugar, ocurre que las instancias subnacionales han ido trasladando, en los hechos, esos deberes a poderes de facto o, en el mejor de los casos, a la Federación. El sistema de competencias entre los órdenes de gobierno es un amorfo acuerdo de concesiones, traslapes, duplicidades y omisiones. Las facultades están jurídicamente depositadas en una parte, pero se ejercen desde otras. Responsabilidades van de los estados a arreglos concurrentes, de éstos a la Federación, del gobierno federal a instancias autónomas, sin una deliberación sobre las implicaciones en términos de eficacia o de equilibrios de poder. El país se centraliza en los hechos. Los estados y municipios pierden atribuciones. La Federación, como instancia de poder público, se dispersa en archipiélagos orgánicos. El taladro no se usa, el martillo está de pisapapeles, el desarmador es puntal para hacer hoyos. La Constitución es texto para remediar la desconfianza a la dinámica de mayorías, y no esa panoplia instrumental para ordenar, disciplinar y conducir el poder. Caja de herramientas vacía que sólo sirve de banca.

La situación de Michoacán exige devolver a la Constitución esa función. En particular, amerita repensar los alcances de los dispositivos que regulan las relaciones entre la Federación y los estados, frente a determinadas situaciones de hecho que afectan sensiblemente la convivencia. La lectura tradicional de nuestro federalismo ha limitado dramáticamente las posibilidades de que la Federación intervenga temporal y subsidiariamente para remediar un estado de cosas o suplir la incapacidad de los poderes locales para hacerles frente. En Michoacán simple y llanamente no existe autoridad. Los ayuntamientos le han dejado al crimen las plazas por miedo o complicidad. El gobierno local  carece de la confianza y de las condiciones de imperio básicas. El gobierno federal ha entendido el problema como un asunto de seguridad y no de gobernabilidad, de ahí que su intervención se haya limitado a enviar secretarios de Estado a los cafés de Morelia y a reenviar las fuerzas federales que retiró al inicio de la administración, bajo la ingenua y pueril intención de marcar diferencias con el gobierno anterior. El resultado es alarmante: no existe liderazgo político para conducir a una sociedad y recuperar el orden público. La función de gobierno, en su sentido esencial de ordenar conductas, está depositada en las guardias comunitarias o, en el mejor de los casos, en las Fuerzas Armadas. Territorio sin ley, sin gobierno, sin monopolio coactivo. Estado sin Estado.

Desaparecer poderes es la solución constitucional a la situación de Michoacán. Nombrar, desde el Senado, una junta provisional de gobierno que asuma las atribuciones del Poder Ejecutivo local y convocar a elecciones cuando se supere la situación. El texto constitucional lo permite. Pero se requiere modificar la ley para transformar la figura de desaparición de poderes en un mecanismo de intervención federal frente a situaciones particularmente graves y generalizadas de ingobernabilidad, o bien, cuando los poderes locales carezcan de las capacidades institucionales para ejercer eficazmente sus responsabilidades. Y es que la ley vigente ha constreñido las dimensiones de esta herramienta constitucional. Se ha reglamentado para servir de acicate en contra de gobernadores indisciplinados que no acataban órdenes del gobierno federal, para eliminar enemigos políticos o destituir gobernadores no gratos para el Presidente en turno. La democracia ha dejado a esa figura arrumbada en el baúl de las reminiscencias autoritarias. Es la ley, y no la Constitución, la que ha dado este cariz a un instrumento que puede regularizar la intervención fáctica de la Federación en una entidad federativa y someterla a controles democráticos desde el Senado. Puede ser un instrumento democrático para arreglar lo que no está funcionando. Se requiere usarla con un nuevo instructivo, con una nueva ley. Michoacán exige abrir la caja de herramientas.

        *Senador de la República

        roberto.gil@senado.gob.mx

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