Corrupción alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción
El título de esta columna debería ser: “Políticos contra ciudadanos comprometidos”, o “Los políticos no quieren soltar el hueso”, porque las agresiones y descalificaciones que se han hecho por todos los medios contra los miembros del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) muestran una vez más que quienes detentan el poder hacen todo lo posible para que nadie los cuestione ni menos los ciudadanos honorables,
y de mil maneras pretenden descalificarlos.
Esto no es nuevo, porque bien sabemos que el gobierno siempre quiere tener la sartén por el mango; como ejemplo, en relación con las elecciones y cuando en 1977 se hizo la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), se contemplaba que hubiera participación de individuos ajenos a los partidos políticos, pero no fue así; después, cuando en 1994 se aprobaron “consejeros ciudadanos”, los partidos políticos se apropiaron de ese rubro y colocaron a sus incondicionales dentro del IFE; como excepción que confirma la regla, recuerdo la labor pulcra y ciudadana de José Woldenberg en 1996. Nada cambió en 2014 cuando se tuvo la “ocurrencia” de cambiarle una letra y llamarlo INE, oneroso monstruo que consume miles de millones de pesos para que tengamos elecciones tan corruptas y aburridas como las que recientemente padecimos en varios estados de la República. El hecho es que, sea como sea, los dueños del poder no aceptan que dentro de las instituciones trabajen personas preparadas, libres, inteligentes y con verdadero deseo de que le vaya bien a México.
De entrada, al hablar de un Sistema Nacional Anticorrupción debemos reflexionar que lo que dijo alguna vez Enrique Peña Nieto (“Peñita”, como lo nombra Guadalupe Loaeza) confirma que él nació entre la corrupción, porque dijo que es “parte de la cultura nacional” y que este mal parece ser inherente a la vida política de México; hemos llegado a necesitar un Sistema Nacional Anticorrupción cuando tenemos ministerios públicos, tenemos jueces, procuradores de justicia locales y generales, tenemos auditores locales y generales, tenemos mil maneras de conocer los actos ilícitos y la corrupción… y no pasa nada, porque todos tapan a todos; y entonces surgió la brillante idea: hagamos un Sistema Nacional Anticorrupción, ¡chulo de bonito!, brillante, transparente, eficiente y efectivo, y sí, vamos a tener un fiscal idóneo, magistrados impolutos y, por supuesto, como somos demócratas, vamos a permitir que haya un Comité de Participación Ciudadana, ¡no faltaba más!
Y después de muchos ires y venires, los ciudadanos saludamos la presencia de Jacqueline Peschard Mariscal, Alfonso Pérez Daza, Arely Gómez González, Juan Manuel Portal Martínez, Carlos Chaurand Arzate, Ximena Puente de la Mora, así como Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa y Luis Manuel Pérez de Acha, cuyas credenciales son irreprochables, sus conocimientos profundos y su pasión por contribuir al cambio es auténtica, ¡bravo por ese Comité!
Pero desde el principio se hicieron sentir los ataques al grupo, en conjunto o individualmente, y, con argumentos banales y a veces estúpidos, los miembros del Comité fueron descalificados en los medios de comunicación, y no pocos legisladores se han unido a esa ola de ataques que sólo ocultan el miedo de que al fin se puedan dar pasos firmes para combatir la corrupción en la que nacieron y de la que viven.
A los miembros del Comité se les ha acusado de “conflictos de interés”, de que trabajaron en sexenios anteriores, de tener otros empleos, de que la selección fue irregular o atípica (sic), y las acusaciones han subido de tono y ahora aparecen en primeras planas señalando “trampas” en el SNA; el más reciente ataque fue contra el secretario técnico, Ricardo Salgado Perrilliat, que no “llena el requisito de edad”.
Pero hay más, porque mientras cualquier funcionario nombrado recibe de inmediato los fondos necesarios para realizar su labor, el Comité aún no tiene dónde ni con qué trabajar.
Y a los legisladores tampoco les agrada ni el SNA, ni el Comité de Participación Ciudadana; olvidan o ignoran que viven de nuestros impuestos, y que su obligación es legislar, no poner obstáculos a quienes realmente quieren que el sistema funcione; las críticas de Gil Zuarth respecto de que deben “legitimar sus decisiones”, o “explicar cómo fue la selección”, como dijo Luis H. Fernández, o de “transparentar los procedimientos”, como dijo Armando Ríos Piter, sólo muestran mala sangre y ganas de depreciar al Comité.
Y como contra viento y marea el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá que seguir adelante, los legisladores decidieron boicotear el asunto y aplazar la nominación del fiscal que permitiría trabajar plenamente al sistema, se fueron a descansar, con nuestros impuestos, y regresarán a hacer “grilla” para saber cómo se acomoda cada quien en el sexenio que viene; y que no digan que la culpa la tuvo el PAN o el PRD, todos, incluido el PRI y el Presidente, son los responsables de que el sistema aún no pueda iniciar una cruzada contra la corrupción.
Pero que el Comité de Participación Ciudadana va, va, a pesar de la corrupción dentro del propio sistema.