Narcomunicipios infiltrados

En un estudio inquietante, a principios de 2012, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, reveló que 71.5% de los municipios del país se encuentran capturados por el crimen organizado. A diferencia de años anteriores, en 2011 la presencia comprende a todas las entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal.

Gracias a un extenso trabajo de campo, los investigadores asociados al académico sudamericano lograron recorrer todo el país, monitoreando expedientes judiciales y constatando la infraestructura física abierta del crimen organizado.

La conclusión de Buscaglia, que ha sido ampliamente debatida, es que los cárteles se han apoderado de un gran número de áreas de gobierno dentro de la estructura municipal, en una mezcla perversa donde coexisten cuantiosos recursos en efectivo que se utilizan durante las campañas y que se traducen en la “compra” de alcaldes con equipos de trabajo incluidos.

Esta situación se refleja en altos niveles de corrupción en las presidencias municipales y en un incentivo para la violencia organizada contra los propios habitantes. Al estar la Iglesia en manos de Lutero, los delincuentes financian a los futuros gobernantes para posteriormente dirigir a las policías locales aprovechando que están fondeadas con recursos públicos tanto en su armamento como en su nómina.

Buscaglia señala que en 2001 la delincuencia organizada controlaba 34% de los municipios, 53% en 2010 y 71.5% en 2011. Durante las dos administraciones panistas, la penetración del crimen organizado creció de manera exponencial hasta salirse de control, como lo demuestran Guerrero y Michoacán. Con razón, Felipe Calderón demandó, sin éxito, la colaboración directa de los gobernadores y la creación de policías estatales con mando único.

Lo más grave es que el control notorio de los narcos se ha desarrollado con la complicidad manifiesta de policías, políticos y autoridades administrativas, con una permisividad tácita de la población, circunstancia que se refleja en la participación de gente distinguida de la comunidad que tiene una doble vida entre la delincuencia y su actividad empresarial.

La explosión de delitos como la corrupción de menores, la trata de personas, los secuestros, la piratería y la extorsión no podrían explicarse sin el incremento en el nivel de captura de los delincuentes, no sólo de los municipios sino incluso de autoridades estatales y federales.

Con el detonador que ha significado la crisis de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto ha propuesto al Senado un decálogo en materia de seguridad que posibilita la intervención federal en municipios infiltrados por el crimen organizado, a través de procedimientos legales que faciliten que los gobernadores no puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo, escudándose en el régimen constitucional vigente que le da grandes espacios de autonomía al Municipio Libre.

BALANCE

La propuesta presidencial implica una cirugía mayor a la Constitución, del tamaño del reto que enfrentan municipios depauperados y carentes de estrategias contra la delincuencia. De manera paralela al centralismo electoral, que entusiastamente apoyaron PAN y PRD en la reciente reforma político-electoral que sobrecargó de facultades al INE, ahora es turno de discutir el proceso de centralización en materia de justicia ante la grave situación de inseguridad que vive el país.

Con el cierre del periodo ordinario del Congreso, el próximo 15 de diciembre, las fuerzas políticas pueden actuar de dos maneras: 1) mantener el statu quo de putrefacción y corrupción en muchas regiones del país, regateándole al Presidente, por motivos electorales, una reforma verdaderamente urgente; 2) atender la dramática situación que enfrentan miles de municipios, infiltrados inmisericordemente por el narco.

Al atreverse a modificar el régimen legal, buscando la construcción de diques para el dinero sucio y los incentivos perversos para comprar autoridades municipales a punta de billetazos, los legisladores demostrarían que con acciones se puede cambiar la triste realidad que vivimos.

                Twitter: @pacoguerreroa65