Un Cuarteto de Diálogo para México

Dos soluciones a conflictos largos y aparentemente irreductibles, como el colombiano, iluminan una posible salida o un camino que podemos y debemos explorar para traer la paz a nuestro país. Una es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, negociado entre el gobierno de Colombia y las FARC, y la otra es el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, que recibió esta semana el Premio Nobel de la Paz 2015.

La iniciativa para la formación del llamado Cuarteto en Túnez nació en el verano de 2013 cuando la Revolución de los Jazmines, la que inició en enero de 2011 la revuelta de cientos de miles de ciudadanos árabes contra regímenes autoritarios y dictaduras, parecía encaminarse al fracaso y a la violencia. Tiene el mérito de ser una iniciativa completamente propia de Túnez y que conjunta fuerzas tradicionalmente de adversarios. La conforman trabajadores, patrones, activistas de derechos humanos y profesionistas: el Sindicato General del Trabajo de Túnez, encabezado, por cierto, por una mujer, la Confederación de Industrias, Comercio y Artesanías, la Liga de Derechos Humanos y la Orden de Abogados. Después del asesinato del dirigente político Mohamed Brahmi en 2013 y del deterioro del gobierno islámico, el Cuarteto cuidó y condujo un proceso para la celebración de elecciones democráticas.

Traducido a México podría ser algo así como una iniciativa conjunta de la Unión Nacional de Trabajadores-CTM, la Coparmex, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la UNAM, que privilegiarían una agenda de diálogo y una ruta crítica concreta y sencilla para despresurizar la situación de polarización en estados como Guerrero. Más que una transposición artificial de una experiencia fértil en un contexto muy diferente al de México, la iniciativa premiada con el Nobel de la Paz es una llamada de atención mayúscula a organismos como los mencionados: más allá de su agenda contra la Reforma Fiscal, por los temas laborales, por las denuncias al gobierno y por el cuidado de los intereses de la academia, hay otra agenda: cómo le hacemos con México, cómo curamos la herida que ha abierto la violencia del Estado, pero, sobre todo, la del crimen organizado.

Y aquí entran ejemplos como la iniciativa del presidente colombiano Juan Manuel Santos, muy prometedora, y de lograr el consenso de la sociedad colombiana y la firma en marzo de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, Colombia podría dejar atrás cinco décadas de violencia indecible. El acuerdo implica la creación de un sistema de justicia transicional, exclusivo de estas negociaciones, que no dejaría impune los delitos y crímenes asociados a la rebelión política como, por ejemplo, el narcotráfico, pero que daría alternativas de reinserción social y política.

El acuerdo merece, por su importancia y carácter inédito, uno o varios artículos, pero me interesa señalar que muchas de las condiciones que hay en Guerrero recuerdan a las de las zonas de guerra de Colombia: violencia y confrontación desde hace décadas, resentimiento social por la represión antigua y reciente de los gobiernos, presencia del crimen organizado, remanentes de rebelión armados y pobreza sin fin.

Una iniciativa que legalizara el cultivo de amapola, como sucede en más de una veintena de países, con la finalidad de producir legalmente opiáceos para la industria farmacéutica, brindaría una alternativa de vida para miles de campesinos que se dedican voluntariamente o, literalmente, como esclavos, a la siembra de amapola. El impacto de una iniciativa así en los efectivos del crimen organizado requeriría de una solución inspirada en las negociaciones colombianas: castigo y no impunidad junto con una alternativa de reinserción social cuando fuera posible y garantías para sus familias. No hay solución duradera que se base en la destrucción de cultivos. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog