Cámara reserva datos sobre juicios políticos; argumenta protección personal
La instancia legislativa resguardó por dos años 204 expedientes y, por cinco años la información vinculada con 39 solicitudes de desafuero
CIUDAD DE MÉXICO.
Información relacionada con las solicitudes de desafuero y juicios políticos en contra de funcionarios y exfuncionarios es protegida por la Cámara de Diputados. La instancia legislativa reservó por cinco años la información vinculada con 39 solicitudes de desafuero; además resguardó por dos años los expedientes de 204 juicios políticos que tiene congelados.
La información es de las pocas que ha reservado la institución legislativa al argumentar la protección al debido proceso de los denunciados.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados reservó hasta el 19 de enero del 2022 las 39 solicitudes de declaración de procedencia, figura conocida como desafuero, en contra de servidores públicos.
De acuerdo con información proporcionada a Excélsior, varios de estos casos ni siquiera están vigentes porque los diputados no les dieron entrada a los expedientes a tiempo. Algunos implicados ya ni siquiera tienen cargos públicos, por lo que no procede el desafuero, aun así, la Cámara de Diputados protege la información.
La Sección Instructora, a cargo del priista Ricardo Ramírez Nieto, respaldó su decisión al argumentar que la difusión de la información “puede vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio”.
Actualmente, la Sección Instructora tiene en trámite el análisis de la solicitud de desafuero en contra de la diputada federal del PRI, Bárbara Botello. Desde el año pasado se le analiza el expediente, pero este año no se ha reunido la instancia legislativa para dar una resolución.
Mientras tanto, la Subcomisión de Examen Previo se reservó hasta el 25 de abril de 2019 la información relacionada con 204 solicitudes de juicio político. Esta Subcomisión está integrada por la Comisión de Gobernación y la de Justicia, que encabezan los priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, respectivamente.
Los expedientes forman parte de un procedimiento, el cual no ha sido resuelto de forma definitiva; toda vez que forman parte de un cúmulo de información que entre otras cosas contiene información sensible relacionada con el denunciado, así como opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo, para resolver sobre la procedencia para imputar la responsabilidad a Servidores Públicos, así mismo el Juicio Político contiene los elementos necesarios para considerarlo un procedimiento seguido en forma de juicio, derivado de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 110 Constitucional y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, se lee en el documento, cuya copia tiene este diario.
Al igual que las solicitudes de desafuero reservadas, hay expedientes en fila de juicios políticos que ya perdieron vigencia.
Incluso, en marzo del año pasado, la Subcomisión de Examen Previo desechó 58 expedientes de juicio político, 49 de ellos por tratarse de señalamientos contra personas que hace tiempo dejaron de ser funcionarios públicos.
Además, luego de que el Poder Judicial les impuso una multa por no sesionar, la Subcomisión se reunió para desechar 109 casos en contra de exgobernadores, exsecretarios de Estado y hasta exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dichas solicitudes se presentaron desde el 3 de octubre de 2003 al 30 de noviembre de 2015 y prescribieron porque la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos establece que este procedimiento sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y un año después de la conclusión de sus funciones.
Se tardaron tanto los diputados en la revisión que incluso algunos políticos fallecieron, es el caso de Carlos Abascal, quien fue Secretario de Gobernación.
Por su parte, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, comentó que en algunas ocasiones se presentan solicitudes de desafuero que ni siquiera están sustentadas y parecen más un acto mediático.
Da la impresión de que simplemente lo presentan para hacer el tema mediático, pero a sabiendas de que difícilmente pueden prosperar, por eso es la reserva de parte de nosotros porque no es correcto que vengan a presentar una solicitud totalmente deficiente y estén perjudicando a una persona”, afirmó.
Aseguró que la instancia legislativa actúa con estricto apego a la ley y no con banderas políticas.
Añadió que en lo que él ha estado frente a la sección instructora ha prevalecido la aplicación estricta del derecho.
A pregunta expresa sobre los casos más cuestionados y la no procedencia de los desafueros de los diputados Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, funcionarios de Veracruz, el presidente de la sección instructora aseguró que “se determinó que en ese momento no era procedente la separación del cargo, sin que ello signifique un freno alguno en las tareas de investigación de la PGR”.
En un hecho tan sonado que lo único que nosotros tenemos que hacer es velar por la estricta aplicación de la ley, al margen del escándalo que se generó”, agregó.
Ramírez Nieto admitió que hay algunos expedientes reservados por cinco años que “ya no tienen sentido”.
Esos asuntos ya no tienen ningún sentido porque se le quita el fuero a quien lo goza, pero hay gente que ya no goza del fuero (…) Hay de todo tipo de políticos, no puedo revelar quiénes son, hay de todo tipo de políticos que en la mayoría de esos casos ya están incluso retirados de la vida pública y política”, expuso.
No obstante, defendió la reserva de los casos.