Avanza en comisión ley de transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril.- En la Comisión de Gobernación, los diputados le dieron ayer el sí al dictamen de Ley General de Transparencia que les envió el Senado.

Sin embargo, su aprobación definitiva en el pleno de San Lázaro quedó condicionada a que en la Cámara alta hagan lo propio con el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción.

A dos semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, los líderes parlamentarios de diputados y senadores pactaron sacar adelante ambas reformas, siempre y cuando éstas se respalden sin ajustes durante la revisión de cada contraparte parlamentaria.

Los diputados cumplieron la tarde de este martes con el primer visto bueno del dictamen en la Comisión de Gobernación, donde hubo 22 votos a favor del PRI, PAN, PRD, partido Verde y Nueva Alianza.

El único asistente a la reunión que se manifestó en contra de la Ley General de Transparencia fue Manuel Huerta Ladrón, representante de la bancada de Morena.

En el caso del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano no hubo ningún pronunciamiento.

Antes de dar su respaldo al dictamen que el Senado sacó adelante hace un mes, los parlamentarios hablaron de la relevancia de esta reforma que, enfatizaron, fortalecerá al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) porque habrá más sujetos obligados a la rendición de cuentas. 

Aun cuando el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Abel Salgado Peña, informó que las reservas a la ley habrán de presentarse durante la discusión en el pleno, el acuerdo político que las principales fuerzas partidistas asumieron es el de asumir en sus terminos el dictamen de los senadores.

No obstante Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, y Carlos Angulo Parra, del PAN, expusieron objeciones que podrían ser planteadas en la sesión del próximo jueves en San Lázaro. Pero ambos coincidieron que el avance sustancial que la reforma representa no debe frenarse

El perredista cuestionó el artículo transitorio que deja a los actuales legisladores exentos de la rendición de cuentas, toda vez que se establece un periodo de gracia de cinco meses para que se ordenen los gastos en el Congreso que, en un futuro serían sujetos de transparencia.

En clara referencia a las críticas que el diputado de Morena hizo al dictamen, Belaunzarán Méndez destacó que la ley es resultado del conocimiento y de las propuestas que realizaron las organizaciones civiles y académicos.

“No le daré la espalda a la sociedad civil que ha demandado la transparencia e incluso la defendió cuando hubo intento de regresión. Pronto se verá qué significa este avance, siempre y cuando el IFAI esté a la altura de las circunstancias”, alegó el legislador del PRD.

El panista Angulo Parra compartió la preocupación de que bajo cualquier pretexto se recurra a dos principios establecidos en la ley y que podrían convertirse en caminos hacia la opacidad si no se precisan sus alcances y limitaciones: el de reserva de la información por razones de seguridad y el de interés público.

“El de Interés Público es un concepto bastante esotérico que todo mundo lo puede aducir por las razones que ustedes quieran. Y a mí me hubiera gustado que no hubiéramos tomado conceptos directamente constitucionales sin ser puntuales conforme lo marcan los tratados internacionales”, argumentó el diputado federal del PAN.

Alertó el legislador blanquiazul que en ambos casos podría aplicarse el dicho popular de que “el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”.

Angulo Parra abundó: “¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con cualquier pretexto uno puede caer en se cierre información que en principio no deba estar cerrada”.

Al argumentar por qué los diputados de Morena votarán en contra, Huerta Ladrón señaló que “en un Estado democrático no se requiere de ninguna ley para dar vigencia al derecho a la información. Obviamente estamos en un régimen autoritario”.

Del Partido Verde, la diputada Ruth Zavaleta sostuvo que la reforma implica “una revolución del sistema democrático al transparentar el uso de los recursos”. Y recordó que esta impedirá casos de opacidad como en la que habrían incurrido los gobiernos capitalinos para no dar cuenta por 12 años de las condiciones en que se construyeron los segundos pisos y por 20 años en lo que se refiere a la Linea 12 del Metro. 

El cambio

El proyecto plantea los procedimientos que habrá de garantizar el derecho de acceso a la información con la que cuenten autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

También serán sujetos de rendición de cuentas los órganos autónomos, partidos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.