Joven demanda a gobierno de BCS tras ser encarcelado por un crimen que no cometió

LA PAZ, Baja California Sur, 25 de febrero.- Un joven que estuvo preso por un año y medio acusado de un homicidio que no cometió, demandó al gobierno de Baja California Sur por el daño moral, psicológico y patrimonial que causó a su familia el juicio, buscando sentar un precedente para casos similares.

Daniel Sánchez Ávila, de 29 años, fue detenido por agentes de la policía ministerial de Baja California Sur cuando salía de su casa. Los elementos, que se trasladaban en un auto sin insignias oficiales y sin llevar consigo una orden de aprehensión,  sometieron a golpes al joven mientras lo insultaban y le gritaban: “¡Tú fuiste!”.

Aunque Daniel creía que todo era un mal entendido, el 4 de septiembre de 2012 comenzó una pesadilla de la cual ni él ni su familia han podido recuperarse, afirmó el joven en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.

Cuando el joven fue trasladado a las oficinas de la fiscalía local, se le informó el motivo de su detención. Lo iban a acusar de cuatro cargos: uno de homicidio calificado con premeditación y alevosía y tres más de homicidio calificado en grado de tentativa con premeditación y alevosía.

Su error fue haber estado dos años antes festejando su cumpleaños en un bar en plena "zona dorada" del Malecón de La Paz, donde un hombre armado disparó contra varios jóvenes, matando a uno de ellos y dejando heridos a otros tres.

Un asesinato ante decenas de personas

La noche del crimen, el 4 de marzo de 2010, el joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, de 25 años de edad, se encontraba en compañía de uno de sus hermanos, Daniel Hernández Ascencio, y de un amigo, Héctor Hernández Ceseña.

El bar Las Micheladas era popular entre la juventud de la capital de Baja California Sur. Más de 100 personas acudían al lugar por su espectacular vista al mar, sus promociones en bebidas y para ver los partidos de futbol que se transmitían en sus pantallas gigantes.

La noche del asesinato fue la última que operó. Al calor de las copas, Jonathan Hernández tuvo una discusión con otros jóvenes, uno de los cuales sacó una pistola y le disparó a él y a su grupo de amigos.

Aunque Jonathan murió debido al ataque, los sobrevivientes al ser interrogados dentro de un hospital por policías ministeriales, se negaron a identificar a quienes los habían atacado y se resumieron a decir que “no habían visto nada”.

Acusan a juniors

Sin embargo, los heridos horas después decidieron hablar y acusaron que Emilio González Rubio Ojeda, un sobrino del entonces procurador del estado, Fernando González Rubio y tres de sus amigos —Carlos Alejandro Castro, Alonso Jaziel Soto Murillo y Gary Gaines Hidalgo—, habían sido los que causaron la discusión, señalando al último como el autor material del ataque a balazos.

Aunque los agentes ministeriales detuvieron a los jóvenes, en menos de 24 horas los dejaron libres y Gaines viajó de inmediato a Tijuana. Su doble nacionalidad le permitió cruzar la frontera para refugiarse en Utah.

La familia Hernández Ascencio comenzó una serie de protestas, exigiéndole al entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño, que detuviera a los juniors sin importar si eran familiares de funcionarios estatales.

No únicamente Emilio Gónzalez Rúbio Ojeda tenía vínculo con la clase política local, Carlos Alejandro Castro es sobrino de Víctor Castro Cosío, expresidente municipal de La Paz y en ese entonces diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ante el temor de que una manifestación empañara su informe de gobierno, el gobernador de extracción perredista destituyó al procurador a 72 horas de cometido el crimen y ordenó crear una fiscalía especial para investigar el caso.

Gaines fue detenido en Utah, donde comenzó un juicio de extradición en su contra, mientras que sus tres amigos fueron detenidos en La Paz.

Auto de libertad

Durante un proceso que duró 19 meses y 18 días, la procuraduría no pudo comprobar la culpabilidad de los tres jóvenes, a pesar de que el homicidio fue cometido ante decenas de personas y de manera inédita presentó ante un juez local conclusiones no acusatorias.

El resultado fue un auto de libertad para los tres jóvenes detenidos en Baja California Sur —quienes a pesar de que acusaron que fueron torturados se negaron a declararse como culpables— y el desistimiento del proceso de extradición contra Gaines, quien según sus amigos huyó a Utah temiendo ser víctima de tortura.

La familia Hernández Ascencio estaba otra vez dolida y el asesinato se volvió tema de campaña. En pleno año electoral, el caso fue utilizado por la oposición para demostrar cómo la presión social podía "torcer la ley" y llevar a la cárcel a inocentes.

El turbio manejo del caso fue, según analistas locales, uno de varios factores que llevaron al PRD a perder las elecciones ante el Partido Acción Nacional (PAN), que postuló a un experredista, Marcos Covarrubias, para gobernador.

La promesa del gobernador

Luego de que Covarrubias asumió el cargo y del auto de libertad contra los cuatro procesados por el caso, el mandatario estatal prometió a los familiares del abogado Hernández Ascencio lograr justicia e inclusive les dio plazo: les dijo que "para septiembre" tendrían un culpable.

Inclusive el procurador Gamill Arreola Leal anunció que la fiscalía analizaría proceder legalmente contra funcionarios de la administración anterior debido al mal manejo del caso.

La nueva investigación de la procuraduría llevó así a la detención de Daniel Sánchez Ávila, quien había estado en el mismo bar y supuestamente concordaba físicamente con la descripción del atacante que habían dado algunos de los testigos.

Un supuesto informe ministerial, sin firma y encontrado en un cajón, donde se afirmaba que tres testigos habían señalado a Daniel Sánchez Ávila, fue el detonante para el vuelco en el caso, según la defensa del joven.

Sánchez Ávila fue detenido sin que se le mostrara una orden de aprehensión y estuvo arraigado durante 30 días mientras la procuraduría construía el caso en su contra.

Creía que iba a salir libre. Creía que me habían confundido. No había pruebas que me involucraran, no conocía a los testigos, ni al fallecido", dijo Sánchez Ávila desde prisión a este reportero en junio de 2013.

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el tiempo en el cual el joven estuvo arraigado, fue torturado e incomunicado para que se declarara culpable, algo a lo que se negó.

Evidencias endebles de la fiscalía

Tras el auto de formal prisión, para la defensa de Sánchez Ávila entonces comenzó una carrera contra el tiempo para lograr la libertad de su cliente.

Aunque la defensa logró ganar un amparo de la justicia federal, en el cual se aceptaba que Sánchez Ávila había sido detenido ilegalmente, su abogado Miguel Ángel Meza Figueroa dijo en entrevista con Grupo Imagen Multimedia que decidió desistirse de seguir esa vía para evitar que el juicio se extendiera y prefirió que concluyera el juicio a nivel local.

La fiscalía presentó a tres testigos que supuestamente dijeron que vieron a Sánchez Ávila disparar desde arriba hacia abajo desde un barandal hacia la banqueta, pero el abogado del joven pudo comprobar con pruebas periciales que los disparos se hicieron a nivel de la banqueta frente al establecimiento.

Durante un careo, los testigos reconocieron que ellos no habían visto a Daniel Sánchez Ávila disparar la noche del crimen y que lo presentado por la fiscalía no era lo que ellos habían declarado, por lo que se negaron a ratificar sus declaraciones.

La procuraduría forzó a Sánchez Ávila a entregarles la contraseña de su cuenta de Facebook, de donde bajaron varias fotografías, entre ellas una donde tenía puesta una gorra blanca similar a una que se encontró en la escena del crimen, pero la defensa pudo comprobar que el diseño de la gorra no era el mismo.

Además, la procuraduría filtró a un medio de comunicación regional una fotografía, también tomada de su Facebook, donde Sánchez Ávila aparece con varios fajos de billetes, dinero que la defensa pudo comprobar fue recibido lícitamente por la venta de un auto.

El 19 de febrero del año pasado, y luego de que el abogado Meza Figueroa demostró que ninguna de las pruebas presentada por el ministerio público se sostenía, un juez ordenó su inmediata libertad.

Se acababa de esa forma, según las propias palabras del joven, "un remolino de sentimientos" y terminaba de vivir con miedo de que algo le ocurriera dentro de prisión.

Empezar de cero

En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Sánchez Ávila dijo que debido a la burocracia, su abogado se tardó cinco meses en conseguir una copia del expediente. Luego de analizarlo a fondo, la semana pasada Meza Figueroa finalmente presentó la denuncia ante un juez administrativo, buscando reparación por daño moral, psicológico y económico.

La demanda está basada en el artículo 113 de la Constitución, el cual indica que toda persona tiene derecho a reclamar al estado una indemnización" por ser víctima de una injusticia, dijo en entrevista Meza Figueroa.

Aunque ni el abogado ni Sánchez Ávila revelaron el monto total del quebranto al patrimonio familiar, Sánchez Ávila dijo que un ejemplo fue la venta de su casa.

Se vendió en un 30% del valor total, fue una casa que mis papás pagaron durante 20 a 25 años", sostuvo.

El objetivo de la demanda es "sentar un precedente para que otro día no haya otros Daniel Sánchez", dijo por su parte su abogado.

Tras salir de prisión la familia Sánchez Ávila puso un puesto de tortas y hot dogs, al que lo llamaron "El Arraigo", lo que les ha ayudado a sostenerse económicamente para comenzar a pagar deudas.

A la par, el joven liberado pudo visitar al padre del abogado Jonathan Hernández, quien a la fecha sigue exigiendo justicia por la muerte de su hijo. "Me recibió con mucho gusto, le dio gusto que lo fuera a visitar", dijo Sánchez Ávila sobre su plática con Daniel Hernández Aguirre.

A siete días de que se cumplan cinco años del asesinato de Jonathan Hernández en un bar lleno de testigos, la procuraduría local ahora bajo el mando de Adonai Carreón Estrada no ha dado a conocer avance alguno en la investigación.

El gobernador Marcos Covarrubias dijo que Daniel Sánchez tiene todo el derecho a demandar y que estará atento al proceso.

Sobre el proceder del procurador anterior, Gamill Arreola —quien dejó su cargo tras sufrir un accidente automovilístico—, Covarrubias dijo que ese juicio no le corresponde darlo.

Es la ciudadanía y soy respetuoso del tema, como siempre lo he hecho. Al final de cuenta, como ejecutivo, tú vas haciendo tu parte, la ciudadanía te va a decir si las cosas si hicieron bien o no".