Carecen dueños de Álvaro Obregón 286 de información sobre memorial

A los dueños del predio de Álvaro Obregón 286, donde colapsó un edificio en el 19:S, no se les ha planteado la construcción de un memorial, como informó el gobierno de la CDMX

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A los dueños del predio de Álvaro Obregón 286, donde colapsó un edificio en el 19:S, no se les ha planteado la construcción de un memorial, como informó el gobierno de la CDMX.

CIUDAD DE MÉXICO

A los dueños del predio de Álvaro Obregón 286, donde colapsó un edificio durante el sismo del 19 de septiembre, no se les ha planteado la construcción de un memorial en la zona, como informó el gobierno capitalino hace unos días.

De acuerdo con personal cercano a la Inmobiliaria Álvaro Obregón, el inmueble tuvo la licencia de construcción 1/2291/59, emitida en mayo de 1959, y la terminación de las obras se dio el 12 de julio de 1961.

“En el cual se constata que la edificación se construyó de acuerdo a la licencia previamente solicitada, con seis niveles.

“Es importante señalar que el interior del edificio no sufrió, en ningún momento, cambios que pudieran afectar su estructura”, señala un comunicado emitido por la empresa inmobiliaria.

El proyecto desde su inicio era de seis niveles, mismos que la inmobiliaria plantea reconstruir con el 35 por ciento excedente planteado por el gobierno capitalino para inmuebles derrumbados.

La firma señaló que, hasta la noche de este 6 de noviembre, no había recibido una propuesta formal de expropiación ni del proyecto de memorial planteado por el gobierno de la Ciudad.

En el comunicado, se aseguró que el edificio cumplía con las especificaciones de construcción e ingeniería con las que fue diseñado por especialistas y aprobado por las autoridades correspondientes.

Reconoció que por la forma en que fue concebido el edificio, “no contaba ni requería con muros de carga”.     

A lo largo de los años, el inmueble tuvo “un debido mantenimiento y actualización pertinente”, señaló la inmobiliaria.

A lo largo de los años, albergó a instituciones públicas como la Secretaría de Pesca, la Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial, y a empresas trasnacionales como Panasonic.

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