Ministros de la SCJN plantean anulación total de la Ley de Movilidad
En 21 artículos se menciona de forma explícita a las personas con discapacidad, pero nunca se consultó a este sector; esta falla bastaría para invalidar la legislación completa, opinan
CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, con el planteamiento de tres ministros que consideraron necesaria la invalidez de la legislación completa y no sólo de unos artículos, debido a que las personas con discapacidad no fueron consultadas y, por tanto, sus derechos quedaban violentados.
Esto a pesar de que el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone al pleno de la SCJN validar la ley en cuanto al aviso previo para efectuar manifestaciones, pero anular únicamente las disposiciones relacionadas con las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad forman parte de esa diversidad humana que se encuentra en mejor posición para determinar sus propias necesidades y las políticas más adecuadas para atenderlas. Por ende, una sociedad inclusiva es aquella que valora y celebra su diversidad y toma en cuenta las experiencias y opiniones de sus diferentes grupos”, explicó Gutiérrez.
Durante la sesión del pleno de este lunes el ministro Arturo Zaldívar advirtió que en 21 artículos de la ley se menciona de forma explícita a las personas con discapacidad, sin embargo nunca se consultó a este sector vulnerable, por lo que esta falla bastaría para invalidar toda la Ley de Movilidad.
Es una cuestión general de política pública, de qué se va a hacer con la movilidad en la Ciudad de México y me parece que de conformidad con la convención es esencial, es indispensable que se escuche a las personas con discapacidad.
De tal manera que a mí me parece que derivado de esto tenemos dos supuestos: que la consulta era necesaria toda la ley y segundo que la invalidez desde un punto de vista material afecta a toda la ley”, puntualizó Zaldívar Lelo de Larrea.
Por apoyar esta postura se manifestaron los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco González Salas, quienes coincidieron con su compañero al detectar el vicio del procedimiento legislativo en su totalidad por la falta de consulta a este sector de la sociedad.
Me lleva mi posición a votar por la invalidez completa de la legislación mismo en virtud de que no se hizo una consulta a las personas discapacitadas y a las organizaciones, en los términos que prevé este artículo 4.3 de la Convención Interamericana. Cuando la Asamblea Legislativa no satisface esto, afecta de invalidez a la totalidad del ordenamiento”, expresó Cossío Díaz.
En contraparte, el ministro Alberto Pérez Dayán expuso que en función de que la Ley de Movilidad no fue hecha específicamente para atender necesidades de grupos vulnerables como los discapacitados, “la exigencia de la consulta, a mi manera de entender muy personal, tendría que ser de carácter bastante más simple que la que implicara una legislación especializada en el caso”.
Será hoy cuando los 11 integrantes del máximo tribunal del país continúen con el debate e inicien el estudio de fondo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra la Ley de Movilidad de la capital del país.
Dentro del proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena se revisa el argumento de que el artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal ataca directamente a los derechos de no discriminación, libertad de asociación y de expresión.
También, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían vulnerados los principios pro persona, de legalidad y de no restricción de garantías salvo por condiciones constitucionales, consagrados en la Constitución.
La imposición de este aviso se erige como una forma de distinción entre los grupos a manifestarse creada por la autoridad, sobre lo cual pudiera crear un efecto social de aceptación o rechazo hacia los manifestantes”, sostiene.
Perdieron 300 mdp por megamarcha
Por la megamarcha realizada ayer en la Ciudad de México se dejaron de captar ventas por 300 millones de pesos, aseguró la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).
Tan sólo en la trayectoria donde se llevó a cabo la megamarcha, que tuvo como destino el Zócalo, se encuentran, de acuerdo al Inegi, más de 38 mil unidades económicas.
Entre ellas destacan más de 27 mil 500 establecimientos comerciales de ventas al detalle y al mayoreo en diversos giros, 350 hoteles, cuatro mil 500 restaurantes y cuatro mil empresas de diversos servicios profesionales y administrativos, que concentran más de 345 mil empleos.
La duración promedio de la megamarcha se estimó en seis o siete horas, lo que propició los cortes a la circulación, el cierre previo de calles por parte de la Secretaría de Seguridad Públca (SSP), así como la prohibición de acceso a la zona donde se llevó a cabo, lo que representa, de manera directa, ventas no realizadas para cerca de tres mil empresas comerciales y de servicios, ubicadas en el polígono del Ángel de la Independencia al Zócalo, por 50 millones de pesos, sin considerar el número de horas-hombre.
En este sentido, agregó la Canaco, si se considera a las más de 27 mil empresas del comercio afectadas por la megamarcha, se han dejado de captar ventas por alrededor de los 300 millones de pesos.


Colapsan la ciudad 120 mil
Por más de 12 horas, 120 mil personas de organizaciones civiles realizaron bloqueos en las principales avenidas de la ciudad con el fin de dirigirse al Zócalo, lo que provocó caos vial.
En la madrugada de ayer, dos mil integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) llegaron al Ángel de la Independencia.
Más tarde se unieron 11 mil simpatizantes para marchar hacia el Zócalo; otro grupo de mil 500 del Movimiento Social por la Tierra (MST) marchó desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco; otros mil de la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC) desde el Eje Central y cuatro mil 500 de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), del Monumento a la Revolución.
Luego, un grupo de campesinos instaló un plantón frente a la Secretaría de Gobernación.
A esas protestas se agregó una de comerciantes y otra de la CNTE.
-Gerardo Jiménez
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