Donde la lucha-anticorrupción no llegó

De 2015 a 2017, la sociedad mexicana creó un diseño institucional único para luchar contra la corrupción. Teniendo como su corazón a sus ciudadanos, y muy a pesar de su clase política, México diseñó el SNA.

¿Qué ha pasado en estos mismos dos años con la corrupción en trámites públicos?

Gracias al Inegi, y a su reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, hoy

lo sabemos, y los datos, recién salidos del horno, dan malas noticias. La corrupción aumentó. Mientras que, en 2015, al 12% de los ciudadanos al

hacer un trámite se le solicitaba una mordida,

hoy el dato es del 14%.

Este dato no se explica por un crecimiento generalizado de la corrupción. De hecho, según estos mismos datos, la corrupción disminuyó en 12 estados. El fracaso de la lucha anticorrupción de los últimos dos años se explica, como casi todo en México, porque algunos gobiernos estatales están haciendo su tarea, y muchos otros, están sólo pretendiendo que no nos daremos cuenta.

Encabezando la lista de la vergüenza está Aguascalientes, algo sorprendente dado que el estado generalmente tiene indicadores favorables. De 2015 a 2017, el porcentaje de personas que experimentaron corrupción en trámites se duplicó, aumentando de 8% a 15% (+6.3pp) y convirtiendo a Aguascalientes en el doceavo estado más corrupto del país (era el lugar 25 hace dos años).

A pesar de ello, Aguascalientes todavía no ha actualizado su Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ni le ha dado un solo peso (¡nada!) a su CPC para operar. Tampoco cuenta con un Comité Coordinador ni con una Secretaría Ejecutiva. Peor aún, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) local está sumergido en una lucha interna, donde su presidente, José Guadalupe López Ramírez, ha pedido a un juez federal anular el nombramiento “ilegal” de sus compañeros consejeros. Es decir, la lucha anticorrupción en Aguascalientes es un desastre que hay que ordenar de inmediato.

En un segundo lugar, pero quizá con aún más culpa, pues es un estado casi 50% más poblado que Aguascalientes, está San Luis Potosí. Ahí la corrupción pasó de afectar al 11% de los ciudadanos haciendo un trámite público, a afectar al 17% (+ 5.82pp), convirtiéndolo en el cuarto estado más corrupto del país, solo superado por la Ciudad de México (20%), Quintana Roo (18%) y Morelos (17%).

Aún así, en SLP todavía no se cuenta con una Secretaría Ejecutiva, ni se ha actualizado la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Además, imprecisiones en la ley han llevado a que una de sus consejeras, Irene Nava, renunciara, ocasionando fricciones al interior del Consejo. Aún más, como en Aguascalientes, el CPC no ha recibido un peso para operar.

Es decir, en uno de los estados en los que más

ha aumentado la corrupción en los últimos dos años, el congreso no ha asignado recursos para

atacar el problema.

Finalmente, como el tercer estado donde más ha aumentado la corrupción se encuentra Nuevo León. Un estado donde la cifra fue de 8 a 13% (+ 5.8pp), lo que se traduce en que anualmente se presentan

32 mil casos de corrupción, posicionándolo como el cuarto estado con más casos de corrupción anuales (superado, debido a la mayor población

de estos estados, por el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco).

Nuevo León tiene faltas importantes en la conformación de su Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y Secretaría Ejecutiva tampoco tiene actualizadas ni su Ley de Responsabilidad Administrativa, ni su Ley de Fiscalización, Rendición de Cuentas, ni su Código Penal, ni su Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo increíble es que todo esto falta (mucho más que en otras entidades) a pesar de que Nuevo León cuenta con el mayor presupuesto asignado del país al Sistema Local Anticorrupción: 68 millones de pesos (o 13 pesos por cada habitante) ¿Dónde estaáel dinero? La pregunta que siempre nos hacemos.