Las obras públicas y el crecimiento económico (II)

La semana pasada dábamos un repaso a la importancia que representan las obras públicas para la economía nacional, señalando la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado acorde a los tiempos, con la premisa clave de la importancia de incrementar la inversión en este rubro y que ésta sea aplicada eficientemente en busca de potencializar sus beneficios y que sirvan a la población.

En esta ocasión continuamos describiendo la importancia que tendrá el análisis y, en su caso, aprobación, de la minuta por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Las innovaciones plasmadas en dicha minuta buscan mejorar el marco jurídico actual con objetivos claros como lo son:

§ Establecer reglas claras, sencillas y eficaces, las cuales permitirán acelerar el desarrollo de los grandes proyectos que requiere el país para elevar su productividad y ser más competitivo.

§ Facilitar la contratación y ejecución de las obras públicas, agilizando los procedimientos y garantizando que los recursos se administren como lo mandata la propia ley, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

§ Permitir que los megaproyectos (como el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) cuenten con un instrumento de gestión especializada acorde con su complejidad y elevada inversión.

§ Fomentar la formalidad, ya que las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al Seguro Social cualquier irregularidad en materia de seguridad social.

§ Además de apoyar a la industria nacional, previendo que, en caso de igualdad de condiciones, las dependencias y organismos públicos deberán optar por personas físicas y empresas mexicanas en la adjudicación de las obras.

§ Impulsar transparencia y rendición de cuentas, al agilizar los tiempos entre licitación, adjudicación y el inicio de la obra; y al impulsar la productividad, el cumplimiento y la calidad de los proyectos.

La aprobación de estas modificaciones ayudará a cumplir los objetivos planteados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el cual prevé que nuestro país cuente con instalaciones de vanguardia: con nuevos puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas, y sistemas de transporte masivo, así como en telecomunicaciones, centrales eléctricas, complejos petroleros, gasoductos, presas, hospitales, equipamiento urbano y desarrollos turísticos.

Y los ciudadanos en general, ¿qué beneficios tienen con estas reformas? La respuesta puede ser muy amplia, pero nos quedamos en señalar que el sector construcción contará con un marco jurídico nuevo, bajo el cual se incentivará el número de inversiones productivas, que generarán un importante número de empleos y se fortalecerá la capacidad de consumo del mercado interno.

Al incrementarse la inversión, los resultados concretos serán un mayor número de obras de infraestructura, mediante las cuales será más fácil transportarse de un lado a otro, ya sea por tierra, mar o aire, se contará con mayor y mejor infraestructura para la educación, al facilitarse la construcción de instituciones educativas y de investigación, entre otras. Bajo las nuevas reglas que conforman el sector energético se le brindan mayores oportunidades a inversionistas nacionales para participar en estos procedimientos, entre otros.

Sin duda alguna, la aprobación de estas modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionada con las mismas, será de beneficio para el país.

El tiempo avanza, las circunstancias, la sociedad, la tecnología y la competencia global tienen por constante el cambio… ajustar las leyes al horizonte que hoy tiene el país, es la única opción.

                *Senador de la República por el estado de Chihuahua.