El anuncio, el lunes, de los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2026 —los estadunidenses Robert E. Hall y Michael Woodford— nos recuerda que los grandes dilemas del desarrollo exigen rigor analítico.
En el caso de Hall, el galardón coloca de nuevo en primer plano la obra más icónica de este macroeconomista y catedrático de la Universidad de Stanford sobre la prosperidad global. Me refiero al célebre artículo titulado Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? (¿Por qué algunos países generan mucho más producto por trabajador que otros?), escrito en colaboración con Charles I. Jones y publicado en 1999.
Este estudio demuestra que la diferencia entre las naciones ricas y las rezagadas no radica simplemente en la acumulación de fábricas ni en las horas trabajadas. La clave profunda reside en la calidad de la infraestructura social.
Para un país como el nuestro, los hallazgos de Hall y Jones funcionan como un espejo incómodo, pero revelador. México ha cumplido de forma disciplinada con varias recetas tradicionales de la economía. Desde la década de los noventa abrimos las fronteras, firmamos tratados internacionales e integramos nuestras cadenas de producción al mercado más dinámico del planeta. Las aulas universitarias han graduado a millones de jóvenes bien capacitados y la planta industrial creció a pasos agigantados. Sin embargo, la brecha de productividad respecto de Estados Unidos permanece casi intacta. ¿Por qué?
El texto coescrito por Hall explica con precisión matemática esta aparente paradoja. La apertura comercial y la inversión en capital físico —cosas con las que el morenismo gobernante no está en desacuerdo— son motores potentes, pero resultan insuficientes cuando el entorno interno sufre de debilidad institucional. Por infraestructura social, los autores entienden el conjunto de leyes, políticas públicas y reglas claras que protegen el fruto del trabajo honesto. Cuando el aparato estatal falla en ofrecer certidumbre, la economía entra en un terreno peligroso.
En lugar de concentrar la energía en innovar o crear valor, las empresas y las familias deben destinar recursos valiosos a defenderse. Gastar en seguridad privada, lidiar con la burocracia asfixiante, tolerar la extorsión o sufrir la competencia desleal de quienes operan fuera de la ley actúan como un impuesto gravoso sobre la eficiencia nacional. Es un drenaje silencioso que devora el impulso de cualquier tratado de libre comercio. De nada sirve vender productos en los mercados más exigentes del mundo si la operación cotidiana en el territorio propio está expuesta al despojo o al chantaje.
Los autores utilizan métodos econométricos para medir el impacto real de estas variables a nivel global. Sus resultados confirman que las naciones con leyes sólidas y gobiernos eficientes logran multiplicar los rendimientos de su población. Por el contrario, aquéllas donde la corrupción y el desvío de recursos prevalecen quedan atrapadas en niveles bajos de generación de riqueza, a pesar de sus esfuerzos exportadores. La lección resulta demoledora para el análisis del entorno nacional presente.
El comercio exterior ha sido un motor formidable para la economía nacional, pero no puede hacer el trabajo que le corresponde a la justicia y a la gobernanza. Esperar que la sola integración regional resuelva las deficiencias del Estado de derecho equivale a pedirle peras al olmo. La verdadera transformación de la productividad no vendrá de firmar más acuerdos comerciales, sino de erigir instituciones locales capaces de sancionar el delito, garantizar contratos y proteger el patrimonio de la gente. El problema es que las instituciones que el país había venido construyendo con ese propósito ya han sido desaparecidas o capturadas y erosionadas por la Cuatroté.
El diagnóstico deja un mensaje claro. Y es que la prosperidad sostenible se cultiva desde adentro, asegurando que las reglas del juego favorezcan siempre a quien produce y trabaja.