Los ciudadanos exigimos tanta transparencia como sea posible, por eso #YoDefiendoAlInai

Por: Francisco Javier López Díaz *
 

Uno de los avances como sociedad ha sido impulsar la creación de instituciones que, al amparo del Poder Ejecutivo, sean balance y contrapeso de cualquier gestión y acción gubernamental, ya que los equilibrios ayudan a mejorar incluso las decisiones del propio gobierno para disminuir cualquier exceso que derivaría en corrupción o abusos de poder. Por ello es de la máxima relevancia la independencia de órganos autónomos como el Inai, que aseguren a todo ciudadano el debido resguardo y uso de sus datos personales, y le garanticen ejercer su derecho de acceso a la información pública de todas las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, así como la que detentan los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos, e incluso personas físicas o morales que recaban información de datos personales.

El Inai ha confirmado, en los últimos años, ser una institución fundamental del Estado para fortalecer la transparencia y coadyuvar en la disminución en actos de corrupción. Algunos datos que nos demuestran la importancia de ese organismo autónomo son que durante 2020 recibió 51 mil 838 recursos de revisión en los niveles federal, estatal y municipal. Ese mismo año, el Inai y los organismos garantes de acceso a la información impusieron mil 889 medidas de apremio e impusieron 186 sanciones a servidoras y servidores públicos de los sujetos obligados por incumplir con las determinaciones y obligaciones en materia de acceso a la información pública. En comparación con 2019, las medidas de apremio se incrementaron en 29.9% y las sanciones en 3.3%. Una pregunta obligada sería: ¿por estas razones a los tres órdenes de gobierno les incomoda el actuar del Inai?

El tema central del debate en su operatividad recae, por un lado, en los nombramientos de tres de los comisionados que están pendientes de asignación y, por otra parte, una iniciativa que abroga tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la Ley Federal de Transparencia, y modifica artículos de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que afortunadamente todavía no han sido aprobadas en el Congreso.

Respecto a los nombramientos, por mandato constitucional, el pleno del Inai debe sesionar con siete comisionados; sin embargo, desde 2022, están pendientes los nombramientos de dos de ellos. Hasta marzo del presente año, el pleno del Inai podía sesionar debido a que contaba con cinco de siete comisionados. Desafortunadamente, la crisis se agudizó cuando concluyó el encargo de Francisco Javier Acuña el 31 de marzo, siendo imposible para este órgano continuar con las sesiones en pleno, paralizando más de 800 recursos pendientes de la ciudadanía, que no se pueden resolver por esta situación.

Y por si fuera poco este ataque a la vida del Inai, antes de finalizar el periodo legislativo, los grupos parlamentarios cercanos al gobierno dieron a conocer una iniciativa donde el objetivo es desaparecer al instituto y que sea la Auditoría Superior de la Federación la que lo sustituya. Dicha iniciativa transgrediría las disposiciones normativas vigentes, pues resulta que para desaparecer al Inai se requiere una reforma constitucional, por lo que, por principio, ninguna ley podría contradecir lo que establece la misma Constitución.

Vienen momentos turbulentos en la vida del Inai, nuestros derechos están vulnerados por esta falta de definiciones, y aunque todavía tenemos opciones en lo individual como acudir a presentar amparos ante la Corte (en los casos particulares de solicitudes de información), o exigir que en un periodo extraordinario u ordinario del Congreso se aprueben los tres nombramientos faltantes, hoy sólo hay preguntas y pocas respuestas a un tema tan importante.

Los ciudadanos debemos exigir a éste y cualquier gobierno tanta transparencia como sea posible, garantizando nuestros derechos constitucionales. Por eso #YoDefiendoAlInai.

* Director general de Coparmex