¿Cuánto dinero nos cuesta a los mexicanos la inseguridad?

Por Francisco Javier Martínez Galván

¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos la inseguridad? Una pregunta muy importante, pero sumamente difícil de responder por los problemas metodológicos para medir el costo total. Porque el impacto que tiene la inseguridad es múltiple, tiene muchas ramificaciones y problemas serios de conceptualización. De modo tal que no existe un estudio ni una institución que se dedique a medir este tema.

Debido a este problema, es que en este artículo no podemos dar una respuesta única y precisa a la pregunta planteada. Pero sí podemos acercarnos al tema con diversos datos que nos proporciona tanto el gobierno federal como las diversas instituciones empresariales o ciudadanas organizadas y dedicadas al estudio del tema.

De acuerdo con las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años los recursos  federales que ha asignado este organismo alcanza la cifra consolidada de 61,228,525,814 millones de pesos. Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se han destinado para este el último quinquenio 36,372,754,440 millones de pesos, para el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) se han destinado 24,855,771,374 millones de pesos.

Cifras verdaderamente estratosféricas y que no han servido para contener con resultados claros la inseguridad en el país.

Cifra altísima y que en los dos últimos años ha venido disminuyendo a pesar de que aún son claramente insuficiente para las enormes necesidades que tienen las entidades y los municipios para estar en condiciones de enfrentar con éxito a la delincuencia organizada. A diferencia de la historia  que nos habían contado los neoliberales sobre la obesidad del Estado, ahora reconocemos que faltan cientos de miles de policías, enorme cantidad de equipamiento, un número muy grande de espacios de infraestructura, capacitación para los policías, prestaciones básicas, enormes cantidades de ministerios públicos y policías ministeriales, entre otras muchas cuestiones que requieren una enorme cantidad de nuevos recursos de los cuales ahora no disponen ni el gobierno federal ni el estatal ni mucho menos el municipal. Contrario a lo que nos contaron, en realidad tenemos un Estado realmente famélico en seguridad pública (pero también en educación y salud).

No sólo los gobiernos gastan y mucho en seguridad, con lo cual necesariamente dejan de  desarrollar otros proyectos igualmente prioritarios. Los empresarios también pagan altos costos derivados de la inseguridad. Por ejemplo, la Canacar en julio del 2018 dio a conocer cifras realmente preocupantes. En tan sólo dos años, 2015-2017, el robo de camiones de transporte de carga creció 88% al pasar de 5,435 a 10,230. Lo que representó una pérdida de 92,500 millones de pesos el último año. Esta enorme cifra representa el 7% del PIB del sector autotransporte. No mencionan la enorme cantidad de recursos que tienen que invertir en medidas de seguridad. Este delito crece a pesar de que es en cinco entidades donde se concentra el 75% de los delitos, una zona muy limitada, lo que hace suponer que los niveles de corrupción de la policía federal encargada de la vigilancia de ese sector, pudiera estar involucrada. Esta situación de robo de camiones de carga en la mayoría de los casos, el consecuente secuestro de los operadores ha llevado a que exista un déficit  de más de 50 mil choferes, lo que incrementa sus pérdidas porque muchos camiones simplemente están parados. Por su parte, el Centro de Estudios del Sector Privado afirma que sus empresas afiliadas pierden 1,600 millones de pesos al año por sobornos, robos, extorsión y otros delitos. Coparmex reporta que para agosto del 2019 más del 55% de sus afiliados fueron víctimas de algún delito. Un año antes había sido el 50%. Para el mismo periodo las pérdidas alcanzan los 66 mil millones de pesos, contra 58 mil de agosto del 2017.

Concamin reporta 90 mil millones de pérdidas de sus agremiados en el 2018. Se asegura que la cifra puede ser mayor porque no todos denuncian. Las actividades que reportan son autotransporte y ferrocarril. Inegi indica que el costo para los hogares mexicanos derivados de la delincuencia ascendió en 2018 a 286 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.5 del PIB. Los cuales se dividen en gastos preventivos 102 mil millones de pesos y en pérdidas por victimización de 186 mil millones de pesos. Por su parte, el Instituto para la Economía y la Paz asegura que el impacto total de la violencia es 5.16 billones de pesos lo que equivale al 24.1% del PIB. Esta última cifra es totalmente demencial. Seguramente varias de las cifras que mencionamos se repiten o enciman en varios rubros, es decir, se cuenta doblemente. Pero aún bajo este supuesto, un país con tantas necesidades como el nuestro no tiene posibilidades de crecer, desarrollarse y distribuir la riqueza si requiere destinar estos inmensos niveles de recursos para poder intentar obtener la paz y evitar las enormes pérdidas que este fenómeno genera a nivel nacional.