Nuestra seguridad y plataformas digitales: que todas cumplan

En menos de 15 años, las plataformas de movilidad han revolucionado la industria del transporte privado de pasajeros. En general, el internet, con sus infinitas posibilidades, está cambiando muchos y muy diversos aspectos de nuestra vida, como la forma en la que aprendemos, nos comunicamos, consumimos, generamos ingresos y nos movemos. Todo esto es nuevo y, a la par de que nos trae enormes beneficios, también conlleva importantes retos regulatorios que ayuden a que el acceso de bienes y servicios a través de plataformas digitales no implique riesgos para las y los usuarios.

En el caso particular de la movilidad vía plataformas digitales se han desarrollado una serie de estándares de seguridad con los que la mayoría de éstas cumple. Hablamos, por ejemplo, de que las plataformas deben asegurar la identidad, tanto de conductores como de pasajeros, realizar verificaciones de antecedentes de los conductores para asegurarse de que no tengan antecedentes penales o de conducción peligrosa; revisar  que los vehículos utilizados por los conductores cumplan con los estándares de seguridad física adecuados y estén en buenas condiciones; proteger la información personal y financiera, tanto de usuarios como de conductores; garantizar que los pagos sean seguros y estén protegidos contra fraudes; tener políticas claras y medidas de seguridad contra el acoso y la violencia; el monitoreo en tiempo real de los viajes y la posibilidad de compartir la ruta con familiares o amigos, así como la coordinación con los servicios de emergencia y con la policía para intervenciones oportunas en situaciones de emergencia.

Además de que dichas normas de seguridad han sido desarrolladas por las propias plataformas y por organizaciones internacionales, como la Asociación Internacional de Transporte Público, la Comisión Europea o la Asociación de Transporte Público de América del Norte, en México las leyes estatales regulan el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad. En los estados se requiere la aprobación de la autoridad para operar, así como el pago de una contribución para políticas e infraestructura. Además, las plataformas deben pagar, como cualquier empresa, impuestos federales y retener todo o parte del ISR que deben entregar los conductores al SAT. Si bien toda regulación está en un constante proceso de prueba y perfeccionamiento, en México, en pocos años, se ha desarrollado una buena base que, con la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad, se irá consolidando.

El siguiente paso para garantizar el buen funcionamiento de dicho servicio a los millones de usuarios que diariamente lo utilizan es lograr el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades, particularmente de las estatales. Y es que, aunque la mayoría de las empresas que operan en México cumplen con la regulación, recientemente se han hecho públicas denuncias de plataformas como Indrive que, al no cumplir con los estándares básicos de seguridad y protección de datos personales, ha puesto en riesgo de acoso, tanto a conductores como a pasajeros, e incluso se ha utilizado para ofertar o solicitar prácticas sexuales, además de faltar al pago de impuestos en donde operan sin registro.

En días pasados se presentó en la Cámara de Diputados federal un exhorto a las autoridades estatales para asegurar el debido registro de empresas que intermedian servicios de transporte privado a través de plataformas tecnológicas, con el objetivo de que se ofrezcan condiciones óptimas de seguridad para prevenir el acoso sexual y violencia, así como a publicar de manera regular un reporte sobre los estándares de seguridad implementados por cada una de las plataformas que operan dentro de su territorio. Enhorabuena por la iniciativa de la diputada Joanna Felipe Torres y ojalá este exhorto sea atendido. Nuestra seguridad es lo que está en juego.

• *Politóloga e internacionalista.

Expresidenta de la Cámara de Diputados