El vínculo entre el daño ambiental y la pobreza en zonas urbanas

Las ciudades concentran un alto porcentaje de la población mundial y son centros de actividad económica, pero también son responsables de la mayor parte de las emisiones contaminantes y la generación de residuos. Y, aunque a menudo se perciben como problemas separados, el deterioro ambiental y la pobreza en estas urbes están estrechamente relacionados.

En la Ciudad de México, donde habitan más de 9 millones de personas, cerca de la mitad de la población vive en condiciones de desarrollo bajo o muy bajo, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social del Consejo de Evaluación (Evalúa), mismo que refleja una situación persistente de desigualdad. Mientras alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo registran los mejores niveles de desarrollo, otras como Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac presentan los niveles más bajos.

En las zonas más vulnerables, los efectos del daño ambiental se sienten de manera desproporcionada, pues las comunidades de bajos ingresos suelen habitar en áreas cercanas a basureros, cuerpos de agua contaminados o zonas industriales que representan un riesgo para su salud. Asimismo, tienen menor acceso a servicios básicos como agua limpia, transporte eficiente y espacios verdes.

Mientras tanto, las zonas más privilegiadas de las ciudades suelen estar mejor equipadas para mitigar los efectos del daño ambiental, con infraestructuras resilientes y mayor acceso a servicios que les permiten adaptarse a los desafíos ambientales. La desigualdad en la capacidad de respuesta entre unas y otras resalta cómo el daño al medio ambiente afecta de manera desproporcionada a quienes menos tienen.

Las personas que viven en pobreza tienen menor posibilidad de costear tratamientos médicos, lo que perpetúa su vulnerabilidad. Asimismo, la falta de acceso a servicios esenciales como agua potable o energía renovable obliga a muchas familias a depender de soluciones costosas y poco sostenibles, como el uso de leña o agua embotellada, que resultan dañinas para el medio ambiente.

En los municipios conurbados que conforman la zona metropolitana del país, más de 22 millones de personas viven atrapadas en el ciclo de daño ambiental y baja calidad de vida, limitando sus oportunidades. Por lo cual resulta urgente replantear las políticas urbanas para romper este ciclo, fortaleciendo las acciones efectivas y mejorando las que aún no logran resultados.

Garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento en las comunidades vulnerables es esencial. Asimismo, es crucial continuar desarrollando infraestructura sostenible, como transporte público eficiente y no contaminante, ampliar espacios verdes y tratar los residuos adecuadamente. Cabe destacar la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su gestión como jefa de Gobierno impulsó la movilidad sustentable, un esfuerzo que sigue posicionando a la capital como referente mundial, como lo demuestra el reciente reconocimiento obtenido en los Sustainable Transport Award 2025; mismo que, estoy seguro, seguirá por buena ruta bajo la administración de nuestra actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La educación ambiental es también un pilar clave y empoderar a las comunidades para participar en decisiones de desarrollo urbano puede generar soluciones más sostenibles e inclusivas que no sólo beneficien al medio ambiente, sino que, además, generen oportunidades económicas en las zonas de bajos ingresos.

El daño ambiental en las zonas urbanas no es sólo un problema ecológico, sino también un detonante de la pobreza que profundiza las desigualdades sociales. Abordar este problema requiere un enfoque integral que combine políticas ambientales y sociales, reconociendo que el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente están estrechamente ligados.