Esta semana hubo numerosas protestas y manifestaciones en la Ciudad de México y en más de 20 entidades de la República. Miles de empleados del IMSS —desde médicos, enfermeros hasta camilleros y personal administrativo—, exigen un aumento salarial de 10%, cifra muy superior a 2.9% que les ha ofrecido el gobierno y, además, volver al esquema de pensiones previo a las afores.
También exigieron un aumento presupuestal para el sector salud para contar con insumos, materiales y medicamentos suficientes para cumplir con su trabajo y mejorar la atención en las clínicas y hospitales del IMSS. No sólo se trata de salarios, sino también de medicinas, jeringas y alcohol: lo básico, pues. En otros momentos, año con año, los maestros de las escuelas públicas, así como los trabajadores del Estado en general, han hecho reclamos similares.
Las mismas encuestas de ingresos y gastos de los hogares que reflejan importantes disminuciones en la pobreza por ingresos, acaso uno de los logros más reiterados por los voceros gubernamentales, también muestran que el gasto de los hogares en medicinas y servicios de salud ha venido al alza en los últimos años. Por otro lado, los resultados más recientes de la prueba PISA de la OECD indican que la calidad de la educación se ha deteriorado en los últimos años. Los resultados están a la vista: sin una mayor inversión en mejorar la educación, difícilmente mejorará el crecimiento económico.
El reclamo de los trabajadores del sector salud es similar al de miles de usuarios y derechohabientes desde hace años: atención insuficiente y desabasto de medicamentos. Tras casi ocho años en el poder, los gobiernos de Morena no han logrado resolver un problema que ellos mismos crearon. En 2019, el gobierno federal cambió el modelo de compras y adquisiciones de medicamentos que operaba en el IMSS para centralizarlo en la SHCP. Este cambio de modelo, que supuestamente pretendía eliminar prácticas corruptas u oligopólicas, en los hechos se tradujo en una pérdida de experiencia técnica, problemas logísticos y de distribución al excluir a ciertas empresas farmacéuticas, así como en una serie de errores de planeación. Basta el ejemplo de la Megafarmacia para ilustrar los equívocos y ocurrencias con que se quiso atender el problema de desabasto durante el sexenio pasado.
En el Congreso están por discutirse y aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Desde 2018, los gobiernos de Morena han contado con mayorías legislativas holgadas y, sin embargo, han sido renuentes a impulsar una reforma fiscal que resuelva los principales dilemas de las finanzas públicas. En vez de ello, se impulsan pequeños ajustes a contribuyentes cautivos, se limitan deducciones y se aumenta el esfuerzo recaudatorio, pero sólo con impactos marginales en la recaudación.
Por un lado, los cambios demográficos implican una creciente presión presupuestal para financiar el gasto en pensiones y las transferencias monetarias de los programas sociales que el gobierno elevó a rango constitucional. Por otro lado, el crecimiento económico mediocre de los últimos años implica que la recaudación crezca muy poco. Ambas tendencias se traducen en que el gobierno federal tenga que endeudarse más y más cada año, pero no para invertir en infraestructura o proyectos con rentabilidad social, sino tan solo para cubrir su gasto corriente.
¿Qué tan progresista es un gobierno que no quiere o no puede implementar una reforma fiscal? ¿Qué tan progresista puede decirse que es un gobierno que prefiere destinar un presupuesto multimillonario a obras de dudosa rentabilidad social como el Tren Maya, una refinería o un nuevo aeropuerto, mientras castiga el gasto en salud y educación? En el largo plazo, ¿es viable un modelo de desarrollo que apuesta por atender las principales carencias sociales con transferencias monetarias, antes que invertir en fortalecer la infraestructura, las capacidades estatales, así como en la calidad de los servicios públicos como salud y educación?