Por Sergio Chagoya y Juan Carlos Machorro*
México se encuentra ante una oportunidad que puede marcar el rumbo de su crecimiento: volver a colocar a la infraestructura como uno de los grandes motores de la economía. No se trata sólo de construir carreteras, trenes, puertos, aeropuertos o proyectos energéticos, sino de generar las condiciones para que el capital público y privado vuelvan a caminar en la misma dirección.
El evento Mexico Investment Week dejó una señal relevante: existe interés por el país.
Bancos, fondos de inversión, empresarios, asesores financieros y jurídicos lo siguen viendo como un destino con enormes posibilidades. Pero ese interés necesita algo más que buenas expectativas: requiere certeza, reglas claras y proyectos que puedan convertirse en realidades.
El reto es enorme. El programa de infraestructura anunciado por el gobierno federal plantea destinar alrededor de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030. Es una apuesta ambiciosa que puede transformar al país si logra traducirse en proyectos ejecutados, productivos y sostenibles.
La inversión no llega sólo porque haya necesidad de infraestructura, sino cuando hay condiciones para recuperar el capital, obtener un rendimiento razonable y contar con mecanismos que permitan resolver controversias y hacer valer los derechos de quienes participan en un proyecto.
Por eso es tan importante el fortalecimiento del marco jurídico. La nueva legislación para fomentar la inversión en infraestructura estratégica, junto con las asociaciones público-privadas y los vehículos bursátiles, puede ser una plataforma para ampliar la participación del sector privado.
Pero tampoco debemos caer en la idea de que cualquier proyecto de infraestructura es automáticamente sinónimo de desarrollo.
Una carretera que no conecta comunidades, un tren que no genera productividad, un puerto sin actividad suficiente o un proyecto energético que no considera a la población de su entorno pueden convertirse en obras costosas con beneficios limitados.
La infraestructura del futuro tiene que incorporar un componente social.
Ese parece ser uno de los cambios más interesantes en la conversación entre gobierno y empresas: entender que una inversión debe generar beneficios más allá de lo financiero. Si se construye una carretera, deben considerarse los accesos para las comunidades; si llega una inversión turística, debe existir agua, drenaje, vivienda y servicios para quienes habitan la zona; si se desarrolla un proyecto energético, debe existir una visión de justicia energética.
La rentabilidad y el bienestar social no tienen por qué ser opuestos. Al contrario: un proyecto que genera desarrollo para las comunidades puede ser más sólido, sostenible y atractivo para los inversionistas.
México necesita demostrar que las reglas pueden cumplirse y que las controversias pueden resolverse mediante instituciones profesionales, independientes y especializadas. La discusión sobre arbitraje y órganos especializados para la ejecución de laudos responde a esa necesidad de ofrecer certidumbre.
La infraestructura no se construye con discursos, sino con capital, ingeniería, planeación, contratos, talento, instituciones y visión de largo plazo. Y ahí está quizá la gran oportunidad de México.
La cercanía con Estados Unidos, la integración económica de América del Norte y la necesidad de fortalecer las cadenas productivas colocan al país en una posición privilegiada. El mundo necesita infraestructura y México necesita inversión.
La pregunta ya no debería ser si existe la oportunidad, sino si tendremos la capacidad institucional, jurídica y política para aprovecharla. Detrás de cada proyecto hay mucho más que concreto y acero. Hay empleos, comunidades, empresas, financiamiento, innovación y una posibilidad de construir un país más competitivo.
El verdadero éxito de esta nueva etapa no se medirá por el número de proyectos anunciados, sino por cuántos logren convertirse en obras terminadas, útiles y capaces de generar bienestar.
*Abogados