Francisco Garduño fue al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) un valeroso soldado del régimen de López Obrador.
Recibió una orden acoplada a la tronante exigencia de Trump y Washington: detener, como diera lugar, a los migrantes que cruzaban el territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Cumplió con creces.
Al final del sexenio, las detenciones se habían quintuplicado. De los excesos del INM se encargaría la maquinaria de propaganda. En esas circunstancias ocurrió el incendio de la estación de Ciudad Juárez de marzo de 2023, que dejó 40 migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y venezolanos muertos y 27 gravemente lesionados. El régimen no lo defenestró. Tampoco acusó desorden generalizado en la dependencia. Garduño siguió al frente del INM hasta abril de 2025.
El miércoles, el juez federal de carrera Víctor Hernández Calderón dictó la extinción de la acción penal en su contra. Lo exoneró sin declararlo inocente. La defensa de las víctimas —que desde un principio denunció fraude procesal y un esfuerzo institucional para protegerlo— apelará hoy el fallo que considera ilegal e injustificable.
Será difícil que corra con fortuna. Porque Garduño cumplió su misión. El régimen, que no se investiga a sí mismo en asuntos que tocan su alma y entrañas, y que lo ha acuerpado, tendría que darle un aplauso, honrarlo. Sin hipocresías. Al aún servidor público, hoy funcionario menor de la SEP.