2022: el año del laberinto en la salud

Hoy es un buen día para reflexionar, principalmente sobre aquellas situaciones que más nos interesaron o que tuvieron un impacto en nosotros durante el año que termina hoy. El 2022 ha sido un año difícil para mí y mi familia. Empezamos enfermas de covid-19 y durante al menos cuatro meses tuve que litigar, ante un juzgado federal, las vacunas para mi hija, porque la cuarta ola de contagios por ómicron así lo ameritaba y, cuando finalmente obtuve el amparo, no había en la CDMX la vacuna indicada para su edad, que era Pfizer. Mi madre, que es derechohabiente de Pemex, ha tenido que comprar sus medicamentos muy frecuentemente, y además tuvo que irse a vacunar de influenza a otra institución, porque en el hospital que le corresponde estaba escasa. Y estos pasajes que les comparto seguramente se repitieron en muchas más familias.

Por ello, hoy mi reflexión va sobre la salud pública en México, marcada por decisiones fallidas, improvisadas y acompañada de frustración de muchas y muchos mexicanos que, como yo, sabemos que la salud es un derecho. Pero ¿qué es un derecho? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Aparecen y están mencionados explícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por ejemplo el derecho a la salud, la educación, el libre tránsito, igualdad, integridad, libertad, a la vivienda, la alimentación, entre otros.

En 2022, es decir en el cuarto año de esta administración federal, los mexicanos seguimos atrapados en el laberinto entre el derecho y el acceso a la salud. Ninguno de los intentos presidenciales por cumplir sus promesas de campaña, para tener un sistema de salud universal y con medicamentos gratuitos ha sido exitoso. Con cambios a la Ley General de Salud desapareció el Seguro Popular, que podría ser perfectible, pero crearon el Insabi. Un aparato administrativo que nació en medio de la pandemia por covid-19 en 2020, y que no fue capaz de consolidar por muchos meses la compra de medicamentos del sector público. Ahora han traspasado esa responsabilidad al IMSS-Bienestar, que era un programa federal que operaba, hasta hace poco, en localidades de 19 entidades federativas, aunque no en la totalidad de sus territorios, implementando un modelo rural y de atención primaria a la salud. En otras palabras, el programa IMSS-Bienestar no cuenta con la experiencia suficiente en la operación de servicios de especialidades o de alta especialidad y hospitalización. Nunca en los 43 años de su funcionamiento, IMSS- Bienestar había cambiado su misión, si acaso en cada sexenio su nombre.

Durante sus diversas campañas presidenciales, López Obrador señaló que los gobiernos anteriores no habían garantizado plenamente el derecho constitucional a la protección de la salud y se comprometió a impulsar una reforma al Sistema Nacional de Salud, a través de la cual se daría acceso a atención médica universal y gratuita, incluyendo los medicamentos e insumos necesarios. Lleva cuatro años prometiendo desde el Poder Ejecutivo que tendremos un sistema de salud como Dinamarca. Ha sucedido todo lo contrario: cada vez existe mayor confusión para el usuario final; seguimos sin medicamentos y sin vacunas, y lo que es más delicado es que, según el Inegi, el gasto que los hogares mexicanos realizamos en favor de la salud de nuestras familias es siete veces más que lo que invierte el gobierno federal.

Deseo que 2023 sea un año en el que todos gocemos de buena salud y se abran los espacios para encontrar la salida de este laberinto.