Timó al gobierno de Chihuahua con 62 mdp en pandemia y nomás lo inhabilitan 2 años
La ASE no explica la razón por la cual no se siguió con un juicio penal contra el empresario
Un empresario defraudó al gobierno de Chihuahua con 62.5 millones de pesos durante la pandemia, y en castigo, la Auditoría Superior del Estado, lo inhabilitó por dos años para no vender más servicios al estado.
En un documento entregado por la propia Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), dio a conocer que, “por la detección de documentos apócrifos de un particular en la obtención de contratos, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó una sentencia condenatoria con la inhabilitación de dos años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”.
La ASE no explica la razón por la cual no se siguió con un juicio penal contra el empresario, aún y cuando estafó al gobierno por dicha cantidad de dinero, ni tampoco dio a conocer la identidad del empresario, o si tenía otros socios o políticos del gobierno como cómplices.
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La Auditoría local explicó solamente que al hacer la revisión de la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Hacienda, la ASE encontró que el empresario, de iniciales E.A.P.R., presentó documentación alterada en el registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estado, con el fin de simular el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las de su representada “Copiher, Comercializadora y Prestación de Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V.”, lo que les permitió beneficiarse con diversos contratos vía adjudicación directa del Programa para la Atención de Contingencias Sociales covid, por un importe total de 65.2 MDP.
Aún y cuando la misma ASE calificó “la conducta como grave”, se conformó con la sentencia que emitió el TEJA.
A pesar de que esta es la primera vez que el TEJA sanciona a un particular por incurrir en actos vinculados con faltas administrativas graves y/o actos de corrupción, al igual que la ASE; consideraron que la sanción de inhabilitación por dos años para vender servicios al estado, es una sanción ejemplar.
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