Investigan a Luis Gabriel Figueroa, subdirector de Senasica, por denuncias de acoso laboral y discriminación

En el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuatro denuncias por presunto acoso laboral y discriminación han sido presentadas en contra de Luis Gabriel Figueroa Martínez, actual subdirector de Regionalización Epidemiológica. Pese a ello, el funcionario fue declarado ganador del concurso interno para ocupar la Dirección de Epidemiología.

De acuerdo con documentos y testimonios consultados, las denuncias describen un patrón de conductas relacionadas con descalificaciones, retiro de funciones, bloqueo de información, sobrecarga de tareas y obstáculos en procesos de promoción.

En al menos dos casos, el Comité de Ética del organismo resolvió a favor de las personas denunciantes. Sin embargo, las medidas aplicadas —entre ellas, reubicaciones y cursos de sensibilización para el señalado— han sido consideradas insuficientes por parte del personal afectado, quienes señalan que las sanciones no modifican las condiciones de poder que originaron las denuncias.

Investigación en curso

Fuentes internas confirmaron que el Órgano Interno de Control (OIC) mantiene abierta una investigación sobre el caso y que se han recabado nuevos testimonios. No obstante, el proceso de promoción de Figueroa continúa en trámite, lo que ha generado inconformidad entre algunos trabajadores del área.

De concretarse su nombramiento, parte de las personas que lo denunciaron volverían a quedar bajo su jerarquía directa, situación que ha sido señalada por empleados como un posible riesgo para la integridad laboral de las denunciantes.

Posición institucional

Consultado sobre el tema, Senasica informó que los casos se encuentran en análisis del OIC y que actuará conforme a sus determinaciones. Actualmente, no existe en la institución una norma que impida promover a servidores públicos con investigaciones abiertas por acoso o discriminación.

Mientras tanto, las trabajadoras involucradas han solicitado medidas cautelares que garanticen su seguridad laboral, así como la creación de lineamientos que impidan el ascenso de funcionarios bajo investigación en áreas relacionadas con las denuncias.

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