De la verdad histórica a la triste realidad...; Encinas: Ayotzinapa, crimen de Estado

La comisión del caso difundió ayer un avance de sus investigaciones.

• Los delincuentes actuaron con el apoyo de policías municipales.
• La policía de Iguala apoyó en la captura de jóvenes en el autobús 1531.
• Hasta ahora, sólo se ha podido identificar a tres de los normalistas.
• Los estudiantes no buscaban boicotear un acto del DIF de Iguala.

Los 43 arteramente ultimados y desaparecidos; fue un crimen de Estado

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estén vivos después de casi 8 años de su desaparición en Iguala, Guerrero. Con base en esa confirmación dijo: “no hay ningún indicio de vida; no hay ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”.

Desde Palacio Nacional, el funcionario se pronunció por que los 114 restos óseos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó que fueran analizados para determinar si son de los jóvenes, se sometan a los especialistas, entre los que se encuentran las 38 porciones petrosas del hueso temporal.

Afirmó que la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, es quien ha descartado la posibilidad del análisis de esos restos óseos. “Creo que queda un asunto pendiente que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, que es el análisis de las petrosas, que es de los asuntos que están pendientes de esa recomendación en donde hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación. En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la Comisión Nacional”.

El hecho de que el gobierno federal dé por muertos a los estudiantes que estaban en calidad de desaparecidos desde el 14 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de distintos municipios de Guerrero se los entregaron a delincuentes de la banda Guerreros Unidos, se interpreta como un carpetazo a la búsqueda y el estatus de los normalistas pasará al de asesinados.

Con este hecho de carácter administrativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estaría obligada a entregar una indemnización que sería fijada por un juez y el caso se daría por cerrado, aunque sigan las investigaciones y se lleva ante la justicia a los responsables de la masacre, como lo afirmó Encinas Rodríguez se seguirá haciendo.

En su informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó, de manera preliminar, que la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos fue producto de un crimen de Estado en el que concurrieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.

 Luego de reunirse con los familiares de los normalistas en Palacio Nacional donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con ellos sobre este informe, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y presidente de esta comisión, dio a conocer los avances de la investigación  en la que se confirma la existencia de indicios para que la Fiscalía General de la República proceda penalmente contra 33 personas, la mayoría de ellos integrantes de Guerreros Unidos, autoridades municipales y federales, entre ellos 10 funcionarios de la anterior administración.

“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, dijo.

 Encinas rechazó en todo momento que las conclusiones tengan alguna similitud con la llamada verdad histórica narrada en su momento por el exprocurador Murillo Karam, pese a que desde hace seis años se afirmó que los jóvenes habían sido asesinados dentro de las 24 horas posteriores a los hechos en Iguala.

“No hay ningún parecido; la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello.

“No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”, sostuvo.

Señaló que, en el caso del extitular de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, Tomas Zerón de Lucio, el pasado 16 de febrero le ofreció personalmente en un encuentro que tuvo en Tel Aviv, Israel, acogerse a un criterio de oportunidad para coadyuvar en la investigación, sin embargo, lo rechazó.

“Hemos mantenido comunicación con sus abogados y esperamos que pronto pueda avanzar en el acuerdo de colaboración y no esperar el proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos de que se le acusa y en caso de colaboración obtener algún beneficio”, detalló.

 El subsecretario Encinas reconoció que la reunión con los familiares de los jóvenes fue difícil y dolorosa debido a que se les confirmó oficialmente que no existen indicios de que puedan estar vivos.

 Añadió que, de acuerdo con las investigaciones, se corroboró que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, del 27 Batallón en Iguala, informante sobre las actividades de los estudiantes.

 “Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, precisó.

Julio César López Patolzin estaba activo realizando funciones de informante de la Sedena dentro de la Normal.

Cuestionó, también, el actuar del Poder Judicial en este tema debido a que algunos jueces que conocieron del caso dejaron en libertad a presuntos responsables.

“Yo creo que hay un   problema de origen desde el momento en que el Poder Judicial radicó en siete juzgados de siete entidades diferentes 38 procesos penales. Y evidentemente, esto no solamente no permite tener una jurisdicción única para atenderlo, sino lleva a burocracia, a trámites administrativos, a criterios diferenciados entre los jueces”, añadió el subsecretario.

Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

 Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.

 Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.

 Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

 Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.

 Que, al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

 Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

 Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

 Que es necesario continuar la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.

Luego de la reunión, los padres de los 43 se retiraron de Palacio Nacional en silencio, sin emitir declaraciones.

Con información de Arturo Páramo

La verdad histórica de 2015

La verdad histórica que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, fue que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer al grupo contrario Los Rojos.

Sin embargo, en noviembre de 2015, el mismo funcionario reconoció que fue un error calificar de verdad histórica las conclusiones de la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“Nunca debí usar la expresión ‘verdad histórica’. Quise decir la historia de los hechos, refiriéndome a la cronología de los acontecimientos. Y quizá debí hablar de la ‘teoría del caso’”, dijo entonces Murillo Karam a Excélsior.

De la Redacción

Los papás analizarán el informe

ACAPULCO, Gro.— “El informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ha impactado entre los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por lo cual tendremos una reunión en los próximos días para revisar con detenimiento el informe, afirmo el abogado de los padres de familia”, Vidulfo Rosales.

Entrevistado vía  telefónica, señalo que fue un informe largo, grande y complejo, que es necesario analizar con ayuda del Grupo Interdisciplinario  de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), dijo que “en este momento no podemos hacer una apreciación de lo que se informó”.

Lo que este día se dijo es parte de los datos de prueba de la investigación y vamos a tener una reunión con todos los padres de familia de los 43 y el grupo del GIEI, hay que revisar los datos que contribuyan a la verdad, dijo el abogado.

Sobre el estado de la investigación, reconoció que ha habido avances en los últimos 3 años, pero no se ha resuelto el caso.

Al preguntarle que si se ha cumplido la promesa de campaña del presidente López Obrador  de resolver el caso Ayotzinapa, contesto Vidulfo Rosales que, “hasta ahora, no ha cumplido”.

Rolando Aguilar