CNDH: persisten fallas en estancias migratorias
Un informe del organismo revela que la falta de personal médico permanente, el diseño de corte carcelario y el colapso operativo en los trámites de refugio perpetúan la vulneración de derechos
A pesar de los avances reportados en la supervisión de recintos migratorios, el sistema de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene fallas en debido proceso, cobertura médica e infraestructura que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes.
Así lo advierte el Diagnóstico 2025 elaborado por la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual revela un panorama crítico donde la saturación de servicios, la falta de defensa jurídica y la permanencia de un modelo con rasgos carcelarios perpetúan el “atrapamiento” de miles de personas en las fronteras sur y norte del país.
El informe evidencia que uno de los rezagos radica en la vulneración sistemática del debido proceso, pues un porcentaje significativo de personas retenidas manifiesta un total desconocimiento sobre su situación jurídica, las opciones de retorno asistido o las vías para impugnar resoluciones administrativas.
A esto se suma una deficiente orientación para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o denunciar delitos, así como acceso consular prácticamente nulo en la estancia.
En materia sanitaria, aunque existen áreas para consulta médica, el archivo detectó múltiples instalaciones que carecen de personal médico asignado de forma permanente.
Servicios como la atención psicológica y odontológica se brindan de manera reactiva mediante canalizaciones a instituciones públicas externas.
DETERIORO
Las deficiencias físicas también impactan la dignidad: estancias provisionales como Nuevo Laredo, Tijuana, Querétaro y San Pedro Tapanatepec obtuvieron evaluaciones reprobatorias o insuficientes.
En Tapanatepec, severas infiltraciones obligaron a la suspensión temporal de actividades en agosto de 2025, mientras que recintos como Mexicali y Chihuahua cerraron definitivamente.
El organismo alertó por la presencia de infraestructura de tipo penitenciario, como barrotes y cerrojos en Tampico que contravienen la protección civil, y la falta de adecuaciones para personas con discapacidad.
Esta situación se agrava por el colapso operativo en la Comar por el cierre de vías de asilo en Estados Unidos, lo que genera un efecto de “puerta giratoria” que prolonga de forma indefinida el varamiento.
El informe concluye que el reto está en transitar de un modelo enfocado en la detención a alternativas de alojamiento con enfoque de derechos humanos.