Aseguran aeronave, dinero y más en Campeche
La FGR y Semar catearon un rancho en Champotón: detuvieron a seis y aseguraron casi 6 mil litros de combustible, armas y 61 vehículos.

Un operativo federal realizado en un rancho de la comunidad de El Cerrito, municipio de Champotón, Campeche, derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de aproximadamente cinco mil 912 litros de hidrocarburo, además de tres mil litros de gas avión.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina, como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por posibles delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de combustibles.
De acuerdo con la indagatoria, una denuncia anónima alertó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche sobre presuntas operaciones irregulares dentro del inmueble. Según el reporte ciudadano, una empresa utilizaba el predio para trasladar hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia territorio campechano.
Con los datos recabados, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la inspección participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos. En el lugar fueron localizadas cinco armas largas, tres armas cortas, 12 cargadores, mil cartuchos de diferentes calibres, dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para armas de fuego.
Las autoridades también aseguraron una avioneta, 61 vehículos terrestres, dos tanques con gas LP, documentación diversa, cinco dólares y 777 mil 750 pesos en efectivo. Tanto los objetos decomisados como el rancho quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Elementos de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mantuvieron un cerco perimetral durante el cumplimiento de la orden judicial.
Las seis personas capturadas permanecerán bajo responsabilidad de la representación federal, que deberá determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y con apego al debido proceso.