López Obrador envía a diputados iniciativa para reducir de 50 a 15 años concesiones a mineras

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas propone disminuir de 50 a 15 años la concesión minera, prorrogable por una sola ocasión por el mismo periodo y se condiciona a la disponibilidad hídrica.

La iniciativa presidencial señala cambios a las Leyes Minera y de Aguas Nacionales y a la Ley del Equilibrio Ecológico en materia de concesiones.

El jefe del Ejecutivo argumentó que se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano del agua. En la iniciativa se precisan las causales de cancelación de la concesión minera, como los posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, no con los programas de cierre o de gestión de residuos.

Las modificaciones contemplan que se elimine el carácter preferente de la actividad minera y se establece la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancia no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, ya que genera un beneficio exclusivamente privado.

Esta modificación obligaría a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los terrenos, entre ellas, ejidos, comunidades y núcleos agrarios. Se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera.

PROPONE ARMONIZAR LEGISLACIÓN EN MATERIA AÉREA PARA ENFRENTAR CRIMEN ORGANIZADO

También este martes, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas con la finalidad de disponer de mecanismos que permitan atender de manera eficaz los riesgos emergentes y otros desafíos de la seguridad en el espacio aéreo nacional.

López Obrador argumentó que el comercio de drogas ilícitas a través del espacio aéreo constituye un freno para la economía y el desarrollo social. Señaló que impacta desproporcionadamente a las personas en situación de vulnerabilidad y marginación, lo que constituye una amenaza fundamental para la seguridad y estabilidad nacional.

Destaca que, además de las actividades vinculadas a la delincuencia organizada, de acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, en México cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves relacionadas con el uso de documentación falsa, transporte ilegal de hidrocarburos y actos de corrupción de funcionarios.

“Esto significa que, de diciembre de 2019 a noviembre de 2021 se emitieron 720 alertamientos para la interceptación y seguimiento de aeronaves por probables actividades ilícitas”, expuso.

Enfatizó que la operación de aeronave relacionadas con el uso ilícito del espacio aéreo no solo atenta contra el ejercicio soberano del Estado mexicano sobre esta porción territorial, sino que también representa un riesgo latente a la seguridad operacional de las rutas comerciales de aviación, las personas y las comunidades en tierra.

Lo anterior, debido a que, por lo regular, los aterrizajes clandestinos se realizan en caminos rurales, carreteras, calles de poblados y ciudades, por lo cual el peligro de la ocurrencia de una catástrofe es considerablemente alto.

Plantea la creación del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, como responsable de la vigilancia del espacio aéreo y se establecen las Bases Aéreas Militares, Zonas Militares y Bases Militares se integren con organismos de la Fuerza Aérea.

Se propone establecer las facultades necesarias para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordine a las dependencias que participen en garantizar la seguridad del espacio aéreo mexicano, con la finalidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo. Identificar y neutralizar el uso de aeronaves y terminales aeroportuarias que violen la normatividad en materia de navegación aérea y prevenir amenazas para la seguridad nacional.

BUSCA PREVENIR DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

El jefe del Ejecutivo propuso a la Cámara de Diputados reformar diversas disposiciones en materia administrativa con la finalidad de combatir el desvío de recursos.

La iniciativa presidencial plantea dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para evitar duplicidad de funciones o cuando una dependencia pueda cumplir con los fines asignados a entidades paraestatales, la Secretaría de Hacienda, con la opinión de la Función Pública podrá proponer al Ejecutivo federal la integración o reintegración parcial o total del personal y recursos patrimoniales, materiales y financieros a la dependencia de la administración pública federal que considere pertinente.

El presidente podrá asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público federal.

No procederá el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, preservación de los bienes comunes o en la seguridad e integridad de personas e instituciones nacionales.