Pedro Pierluisi defiende cargo; relevo en Puerto Rico

SAN JUAN.

Pedro Pierluisi y el Senado de Puerto Rico presentaron ayer sus alegatos ante el Tribunal Supremo para que analice la legalidad de la juramentación del excomisionado residente como gobernador de la isla, en sustitución de Ricardo Rosselló.

En sus alegatos, Pierluisi señaló que “los puertorriqueños necesitan certidumbre y tener la garantía de que su gobierno en funciones es legítimo y producto del orden constitucional”.

Consideró que el Senado no busca esa estabilidad y pretende que se “remueva al gobernador de Puerto Rico del cargo que ostenta legítimamente”, usando una interpretación constitucional que le beneficia.

Pierluisi aseveró que el recurso legal que pretende presentar la Cámara alta sólo puede ser solicitado por la Secretaría de Justicia.

Señaló que al renunciar a su derecho de confirmar al secretario de Estado, el Senado está impedido a buscar una “vindicación constitucional”.

Pierluisi juramentó el viernes pasado como gobernador, luego de que Rosselló lo designó como su sucesor, horas después de que la Cámara de Representantes lo confirmó en el cargo de secretario de Estado, quedando pendiente el mismo proceso en el Senado.

Mensajero del despacho de abogados que representa al gobernador juramentado de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, entregó ayer los recursos legales con los que defiende la constitucionalidad de su nombramiento. Fotos: AP

Reconoció que la manera en que asumió como gobernador “no necesariamente constituye un escenario idóneo desde el punto de vista de la democracia electoral”, aunque “sí constituye un evento indiscutiblemente constitucional”, señaló el diario local El Nuevo Día.

Sus críticos dicen que representa un conflicto de interés. Pierluisi trabajó para la junta que supervisa las finanzas de la isla, y su cuñado es el titular de la junta creada por el Congreso para supervisar la reestructuración de la deuda de más de 70 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico.

Por su parte, en sus argumentos el Senado solicitó a la Corte Suprema que se determine que para que un secretario de Estado pueda asumir el cargo de gobernador, debe tener el consejo y consentimiento de la Cámara y el Senado; que la juramentación de Pierluisi es nula y que se declare inconstitucional la Ley 7-2005.