Juez ordena mantener deportación 'fast track'; EU no suspenderá el Título 42

WASHINGTON.

La admi­nistración Biden no podrá retirar el lunes la facultad de los agentes fronterizos para expulsar a migrantes de inmediato, sin darles la oportunidad de pedir asilo.

Robert Summerhays, un juez federal de Luisiana, ordenó mantener vigente la medida conocida como Título 42, implementada por el entonces presiden­te Donald Trump en marzo de 2020, como justificante para evitar la propagación de covid-19 y que implica una deportación sin proce­so jurídico.

La orden se mantendrá vigente mientras avanza el litigio, salvo cualquier ape­lación del Departamento de Justicia de Estados Uni­dos. La Casa Blanca confir­mó anoche que impugnará, adelantó la portavoz Karine Jean-Pierre.

La desafortunada de­cisión dice que el gobier­no puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las le­yes de migración norma­les sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Concejo Estadu­nidense para Migración.

En tanto, cientos de mi­grantes se concentraron en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades del ayun­tamiento preparan un ope­rativo para su contención y atención.

-Con información de Carlos Coria

ORDENAN SEGUIR EXPULSANDO A MIGRANTES

Las autoridades estaduniden­ses no pueden proceder de in­mediato con los planes de levan­tar las restriccio­nes que facultaban a los agentes en la frontera con México a expulsar a los migrantes sin posibilidad de solicitar asilo, dijo ayer un juez de Luisiana.

La administración de Biden anunció que apela­rá el fallo.

La administración no está de acuerdo con la decisión del tribunal y el Departamento de Justicia anunció que apelará”, dijo en un comunicado la por­tavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La orden nacional emi­tida por el juez de distrito Robert Summerhays sig­nifica que las restriccio­nes, que debían finalizar el 23 de mayo, permanece­rán vigentes en la frontera mientras avanza el litigio.

Las restricciones por la pandemia, conocidas como Título 42, se imple­mentaron en marzo de 2020 durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron en ese momen­to que era necesario para frenar la propagación del coronavirus.

Desde entonces, las autoridades han utiliza­do más de 1.8 millones de veces el Título 42 para expulsar a ciudadanos de varias nacionalidades.

En abril, los CDC dije­ron que el Título 42 ya no era necesario para com­batir los contagios de co­vid-19 debido a la mayor disponibilidad de vacunas y otras herramientas.

Pero una coalición de dos docenas de estados encabezados por Arizo­na, Luisiana y Misuri, to­dos con fiscales generales republicanos, presentaron una demanda para evitar que el gobierno ponga fin a la política.

La desafortunada de­cisión de hoy dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restau­rar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado pro­ceso”, dijo a AFP Aaron Reichlin-Melnick, asesor político principal del Con­cejo Estadunidense para Migración, una organiza­ción sin fines de lucro.

El Título 42 es el nom­bre coloquial para referir­se a una medida pública sanitaria que data de 1893 cuando Estados Unidos buscaba frenar brotes de cólera y fiebre amarilla. Desde entonces fue rara­mente utilizada.

La expulsión bajo esa política es inmediata y no contempla un proceso ju­rídico, ni obliga a depor­tar a los inmigrantes a sus países de origen.

Hay algunas excep­ciones, como ocurrió con miles de ucranianos que llegaron a la frontera te­rrestre con México huyen­do de la invasión rusa.

La organización no gu­bernamental Human Ri­ghts First documentó casi 10 mil ataques violentos como tortura, secuestro o violación contra inmi­grantes en otros países después de ser expulsados de EU bajo el Título 42.

En 2021, 557 personas fallecieron en la frontera, el peor saldo anual de la serie histórica de las auto­ridades fronterizas.

Gráfico: Hospital de la Universidad de California, San Diego

EL MURO Y SU IMPACTO HUMANITARIO

Fracturas expuestas, órganos per­forados y un aborto in­voluntario: el doctor Jay Doucet ha visto la gra­vedad de sus pacientes aumentar a la par de la al­tura del muro fronterizo de Estados Unidos, con miles de migrantes que arriesgan su vida para evadir el Título 42.

Tú y yo no saltaría­mos una pared de 9.1 metros, pero ellos sí”, comenta Doucet, jefe de traumatología del Hospi­tal de la Universidad de California, San Diego.

Un estudio de Doucet y varios colegas publica­do en abril contabiliza 67 pacientes en San Diego entre 2016 y 2018 vincu­lados con el muro.

Pero desde 2019, cuando varios tramos fueron elevados de 5.4 a 9.1 metros por órde­nes del expresidente Donald Trump, han sido internados 375, y 16 han fallecido.

Tenemos evidencia empírica clara de que es­tos muros más altos no detienen ni desvían los flujos migratorios, pero sí ocasionan más heridos y de mayor gravedad”, dice Carlos González Gu­tiérrez, cónsul de México en San Diego, quien ha acompañado la hospi­talización de cientos de mexicanos.

-AFP

SE AGLOMERAN DECENAS EN CIUDAD JUÁREZ

Cientos de migrantes se han aglomera­ron en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades del ayun­tamiento preparan un ope­rativo para su contención y atención.

Ayer, entre 100 y 200 hai­tianos se juntaron frente a la Catedral de Ciudad Juárez, en la Oficina de Movilidad Hu­mana de la diócesis local, so­licitando protección y apoyo para ingresar por esta fronte­ra a Estados Unidos.

En Juárez son principal­mente albergues de congre­gaciones religiosas los que atienden a los migrantes y donde esperan respuesta de EU varios meses, incluso años.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pé­rez Cuéllar, adelantó que ya sostuvieron reuniones con autoridades de los tres nive­les de gobierno, en materia de seguridad, y con el Insti­tuto Nacional de Migración, donde se analizó la posible crisis que se temían que sur­giera a partir del lunes, ante el levantamiento del Título 42, política que permitía la expulsión inmediata de mi­grantes. Ayer, un juez ordenó su continuidad.

Se planeó principalmen­te el incremento de policías para la vigilancia y evitar ma­nifestaciones que se salgan de control y perturben el tránsito internacional de México a EU.

- Carlos Coria Rivas / Corresponsal

DESCARTAN USO DE PÚAS

Coahui­la descartó que el gobier­no de Texas vaya a entregar alambre de púas para blin­dar la frontera del estado en las márgenes del Río Bravo y evitar el paso de migrantes desde esta frontera a Estados Unidos.

Fernando de las Fuen­tes Hernández, secretario de Gobierno de la entidad, dio a conocer que las cuencas del río son de jurisdicción federal y no estatal, por lo que no se podría concretar.

Con lo anterior, quedó descartada la información que difundió Fox News, de que Texas proporcionaría a Coahuila alambre de púas y se daría entrenamiento para su instalación.

Destacó que, con el blin­daje de la frontera en Acuña y Piedras Negras se busca ga­rantizar los derechos huma­nos de los migrantes y lograr la detención de los “polleros”.

En lo que va del año han muerto ahogadas poco más de 80 personas que son arrastradas por la corriente del río.

- Alma Gudiño / Corresponsal

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