'Portar arma de fuego real o de juguete debería ameritar prisión'

CIUDAD DE MÉXICO

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de ley para que todo sujeto que sea detenido por delinquir con un arma de fuego, sin importar el calibre, si es hechiza o de juguete, se le imponga prisión preventiva oficiosa.

En conferencia de prensa expuso la necesidad de reformar los artículos 19 constitucional, así como el 167 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lograr que el responsable enfrente su proceso en prisión, ya que las estadísticas muestran que alrededor del 50 por ciento lo hace en libertad lo que genera que la reincidencia sea del 12 por ciento.

“En el caso de los delitos patrimoniales, de los robos, de los asaltos se emplean como un medio de violencia, las personas no pueden distinguir, es un tema muy complejo distinguir, si con lo que la están amenazando es un arma réplica o un arma real”, señaló el jefe de Gobierno local.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, informó que, entre el primero de enero al 14 de octubre de este año, se decomisaron 4 mil 005 armas de fuego, de las cuales 771 fueron replicas, es decir el 19 por ciento.

Por este delito fueron aseguradas mil 059 personas, sin embargo, a la mitad, sólo se les dictó como medida cautelar la firma periódica, ya que, con base en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a las características del arma, el juzgador consideró que su portación no era grave.

“Es un tema muy importante el que se pueda legislar, apoyar con la ley para sacar de la circulación las armas réplica y asimismo que las armas de fuego en la ciudad de México sean prohibitivas porque la delincuencia está aprovechando los canales, los espacios que tienen en este momento a partir de que se quitó la gravedad de portar un arma, para afectar a la ciudadanía”, agregó.

En tanto el abogado de la ciudad, Edmundo Garrido, señaló que no debe soslayarse que estas armas de fuego generan afectaciones tanto físicas como psicológicas y ante ello, no puede haber excepciones en la aplicación de ley. 

Mencionó que, de lograrse las modificaciones a los marcos jurídicos, los órganos de seguridad y procuración de justicia contarán con mayores herramientas para lograr que el combate a la delincuencia sea efectivo, pero sobre todo para garantizar la reparación del daño y la protección de los derechos humanos de la víctima.

“Celebramos esa herramienta que, tanto para la Procuraduría como para el Poder Judicial, va a ser un instrumento muy valioso para poder nosotros dar certeza jurídica a la ciudadanía y provocar el impacto hacia la delincuencia de que deben de manejar este tipo de cuestiones como una prisión preventiva que van a tener como resultado para continuar con la sanción”, indicó Garrido.

La iniciativa deberá de ser analizada y en su caso presentada por los diputados capitalinos al Congreso de la Unión para que sea discutida en comisiones y posteriormente en el Pleno.

Además, como en ella se prevé la modificación a un artículo de la Constitución Mexicana, el dictamen debe ser turnado a los congresos locales, en donde al menos 18 deberán de aprobarlo para que los cambios se puedan llevar cabo, un proceso que podría durar como mínimo seis meses.

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