¿Seguridad de qué?

La Organización de las Naciones Unidas envió una serie de recomendaciones, 14 temas que le preocupan sobre lo que hoy se discute en el Senado. El más importante, la ambigüedad que parece ser marca de todas nuestras leyes

Yuriria Sierra

Yuriria Sierra

Nudo gordiano

Llegó un momento en que los cuerpos policiacos no pudieron hacer frente a la violencia que azotaba en algunas partes del país. La famosa guerra contra el narco fue “declarada” porque las instituciones debieron actuar para combatir a una industria que no sólo se dedicaba al narcotráfico y su menudeo, comenzó a secuestrar, extorsionar y, claro, asesinar. La violencia era de varios tipos. Entonces salieron las Fuerzas Armadas para auxiliar a las policías locales en la tarea de brindar seguridad. Han pasado diez años. La violencia continúa siendo el gran pendiente. El Ejército sigue en las calles. Mueren inocentes. Otros más desaparecen. Los grupos criminales ahí están. Ponerle freno a éstos no es una tarea fácil. Hace un par de días escribimos sobre la idea de AMLO de ofrecer amnistía. Así de grave el asunto, así de delirantes las propuestas. Nada más irresponsable.

Aunque irresponsable también ha sido, es, la propuesta que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados y que hoy seguirá su camino en manos de los senadores, la Ley de Seguridad Interior. En marzo pasado, el secretario de Marina, Vidal Soberón, declaró: “Garantizar la seguridad es un principio ineludible del Estado mexicano, un principio con el cual el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México hemos sido convocadas a participar en labores de seguridad pública, ello, hay que decirlo, debido a que en muchos de los casos los cuerpos de policía se han visto rebasados...”. Fue una decisión de emergencia. Una alternativa que, pensamos, estaría en activo mientras se diseñaban estrategias, mejoraban protocolos, se instruían y capacitaban a las policías locales. Pero nada de esto pasó. Y lo que se nos propone es que se perpetúe que el Ejército y la Marina cumplan con esa labor, esa labor que debería ser ejecutada por los gobiernos locales.

México siempre ha sido un país que respeta y escucha a los órganos internacionales. Incluso es parte activa de coyunturas como la de Venezuela, en la que se aboga por las garantías de los ciudadanos. Éste debería ser uno de esos momentos en los que se sienta y escucha. La Organización de las Naciones Unidas envió una serie de recomendaciones, 14 temas que le preocupan sobre lo que hoy se discute en el Senado. El más importante, la ambigüedad que parece ser marca de todas nuestras leyes. Y es que en esta ley se escribe que el Presidente de la República podrá ordenar una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto; esto cuando se “identifiquen” amenazas a la seguridad interior. Lo peligroso es que no se especifica cómo se hará esta “identificación”. También habla del uso de las Fuerzas Armadas en casos de “perturbación grave de la paz pública”; pero tampoco hay detalle de qué entra en este grupo. Y aunque hay un artículo que precisa que una declaratoria de Protección a la Seguridad Interior será como máximo por un año, hay otro punto en donde se aclara que hay posibilidad de prórroga, pero esto también será a criterio del Presidente.

Si bien hay puntos claros, como que las manifestaciones político-electorales que se llevan a cabo de forma pacífica no se considerarán como amenazas a la seguridad interior, lo cierto es que la ley no tiene la precisión que requiere un tema tan delicado como lo es el uso de las Fuerzas Armadas. Menos aún hay un compromiso por reconstruir los mandos policiacos que, en realidad, es el motivo por el que tanto el Ejército y la Marina tuvieron que salir a las calles.

La Ley de Seguridad Interior es una salida fácil que no contribuye al respeto de los derechos humanos, porque éstos quedan a expensas de un entendimiento unilateral, lo que no contribuye al mejoramiento de un entorno que se sabe delicado y sumamente herido por las condiciones de seguridad que se viven. La misma ONU así lo expresó, organizaciones civiles también lo han señalado. Ayer, frente a Enrique Peña Nieto y senadores, Julia Carabias, tras recibir un merecidísimo galardón, la Medalla Belisario Domínguez, pidió abrir el debate: “Que permita encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas Armadas, intente recuperar la seguridad y revertir la espiral de violencia en el país...”.

Lo mejor sería una iniciativa de ley que ordene un replanteamiento de los cuerpos policiales y su funcionamiento, que mejore las condiciones para el cumplimiento de su deber, que dé las herramientas teóricas y prácticas para enfrentarse con los grupos criminales y delincuentes que perpetran delitos del fuero común (porque esa violencia también importa).

En los sismos de septiembre vimos a las Fuerzas Armadas dedicadas y tendiendo la mano a los damnificados. Así se construye su imagen frente a los ciudadanos. Así se nos dice que contamos con un Ejército y Marina como nuestros aliados. De ninguna otra manera.

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