¿Qué no nos dice el presupuesto sobre Meade?
La semana pasada escribí muy contenta (quizá demasiado) que el secretario Antonio Meade había tenido a bien estimar un crecimiento económico del 2.5% para 2018, en línea con las predicciones de Banxico e IMEF. Debo confesar, hasta mi mamá se sacó de onda de lo que pareció interpretarse como que 2.5% era bueno. Va una reflexión adicional para que ya no me regañe
Yo pensé que mi mamá no leía mi columna. Parece que sí, o al menos lo hace cuando escribo sobre Antonio Meade.
La semana pasada elogié (un poquito) a Meade por no haber sobreestimado el crecimiento de 2018 en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto quiere decir que, a diferencia de sus predecesores, Meade se atrevió a hacer un presupuesto basado en una tasa de crecimiento mediocre.
Animarse a escribir el presupuesto con un 2.5% de crecimiento es bueno porque significa finanzas públicas más sanas y predecibles. De hecho, por cada punto porcentual de sobreestimación, se estima que los ingresos del país serán 15 mil millones de pesos más altos, es decir, 0.07% del PIB. Es por la sobreestimación (entre otras variables) que luego estamos haciendo recortes al presupuesto a mitad de año.
Lectores (sobre todo mamá), por favor, perdónenme: Nunca quise decir que esté bien que México crezca 2.5 por ciento.
México debe crecer más y, sobre todo, debe hacerlo de forma redistributiva. El poco crecimiento que ha habido ha beneficiado desproporcionalmente a los más ricos. Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco cada año (Oxfam, 2015). Regionalmente, también hay problemas. El poco crecimiento que ha habido ha beneficiado sólo a los estados exportadores del norte del país, dejando en pobreza al 76.4% de la población que vive en estados como Chiapas. En Nuevo León, en cambio “sólo” el 20.4% (Coneval, 2014).
Lo que el presupuesto de egresos no nos dice sobre Meade es cómo logrará crear un México que crezca para todos, no sólo para unos cuantos. Es importante saberlo, no sólo porque, posiblemente, Meade sea candidato del PRI a la Presidencia, sino porque el presupuesto sienta las bases para el tamaño de la redistribución (por medio de programas sociales) y de la inversión pública (por medio de infraestructura).
El presupuesto que hoy tenemos tiene cada vez menos dinero puesto en otorgar servicios públicos de calidad. Al menos, tres aspectos son preocupantes como bien lo ha analizado el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Primero, el gasto en pensiones se vuelve cada vez menos sostenible. En los últimos seis años, el presupuesto de las pensiones contributivas ha crecido 37.3%, y las no contributivas ha caído 24%. Esto implica un presupuesto que privilegia el pago de pensiones a las personas que más ingresos tienen. México, el país con la redistribución menos exitosa de la OCDE, sólo con 0.3% comparado con 41% de Irlanda.
Segundo, el gasto público en salud sigue con tendencia a la baja. Mientras que en 2013 gastábamos 3.5% del PIB en salud, ahora es sólo el 2.5%. Además, la asignación también es regresiva, aumentándose el nivel de ingresos del IMSS y del ISSSTE, y no de la Secretaría de Salud o del Seguro Popular. Estos dos últimos son los que más benefician a los pobres porque no se necesita tener un trabajo formal para tenerlos, comparado con el PEF, el primero perdió 4.6% de su presupuesto y el segundo poco más de tres mil millones de pesos.
Finalmente, hay recortes en materia educativa, lo que es preocupante. Para 2018 se propone gastar en educación 1.4 % menos que lo aprobado para 2017. La educación superior es la más afectada a raíz de este recorte: su presupuesto se reduce en 1.8% reales. Como consecuencia a lo anterior, el gasto para la educación profesional de un alumno pasa de los $49,116.7 a los $46,763. El PPEF sugiere disminuir los subsidios para las universidades estatales, mantenimiento de infraestructura y se elimina el programa para el pago de pensiones.
Así, para que México crezca a más del 2.5%, necesitamos definir un presupuesto cuya prioridad sea mejorar las condiciones sociales del país, a fin de poder eliminar la pobreza y reducir la desigualdad.
