¿Cómo introducir medidas anticorrupción en el TLCAN?

La corrupción incrementa el costo de hacer negocios, permite el uso ineficiente de recursos públicos, perpetúa la pobreza y la desigualdad, y deslegitima al Estado mexicano. Reducirla sería una forma bastante eficaz para incrementar nuestra competitividad, pues se estima, los sobornos agregan costos de hasta 10% en las transacciones en los negocios (WEF, 2014).

Las aduanas son el punto medular de la corrupción comercial. Existe evidencia empírica de que las estadísticas de importaciones muestran un número mayor de productos entrando con tarifas bajas de lo que se observa en las estadísticas oficiales de exportaciones, lo que hace pensar que existen muchos acuerdos corruptos para disminuir las tarifas en las aduanas de forma unilateral (Fishman & Wei, 2004; Javorcik & Narciso, 2008; citado en Freund, 2016).

Así, una forma directa para incrementar la competitividad de México sería negociar que, como parte del TLCAN, se establezcan mecanismos trilaterales anticorrupción, particularmente en las aduanas y puntos de entrada comercial.

Un sólido primer paso sería homologar la legislación anticorrupción de los tres países. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU, la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros de Canadá, y las siete leyes que conforman el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mexicano podrían tener sanciones y criterios más similares. Esta homologación legal podría ser similar a la que se lleva a cabo con los Consejos de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria (CCR) entre EU y México, con el Consejo Regulador de la Cooperación (Regulatory Cooperation Council, RCC) entre EU y Canadá, o con la orden ejecutiva girada por EU, en 2012, para identificar y eliminar diferencias reglamentarias con Canadá, México y otros socios comerciales (Wilson, 2014). La homologación podría comenzar en 2018 y 2021, cuando la legislación anticorrupción mexicana y canadiense sean evaluadas como parte de la “Fase 4” del monitoreo de la convención de la OCDE (Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la Corrupción, 2016).

Lograr la homologación legal no será fácil, debido a las profundas diferencias que existen en cómo se define corrupción en los tres países. Por ejemplo, EU no considera que actos preparatorios realizados con el propósito de obtener ventajas ilícitas sean un delito (el delito comienza cuando se consuma la conducta). Tampoco puede imponer la carga de la prueba sobre el demandado en casos de enriquecimiento ilícito (por ser incompatible con su constitución) (OEA, 1996).

Si no se lograra, se podría buscar al menos coordinar de manera más proactiva a las autoridades centrales que cada país ha definido para luchar contra la corrupción. Estas autoridades serían el director y consejero general del Departamento de Justicia de Canadá, el vicepresidente de las Américas de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EU, y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano.

Finalmente, y como parte de las renegociaciones en materia de seguridad, sería interesante plantear que la Iniciativa Mérida se convirtiera en una plataforma para crear un programa específico anticorrupción con mecanismos de colaboración para compartir inteligencia, capacitación y profesionalización. Una “Iniciativa Mérida 3.0” podría desarrollar un área enfocada en reducir la corrupción en las aduanas, y crear protecciones para informantes de cualquier caso de soborno.

El TPP ya contenía elementos anticorrupción destacables como el Código de Conducta Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

No dejemos pasar esta oportunidad para crear un TLCAN que, como lo hubiera hecho el TPP, nos ayude a eliminar la corrupción de raíz y ser más competitivos.