¿Debemos creer que EU quiere anticorrupción dentro de TLCAN?

Estados Unidos ha dejado saber que, en su ideal, el nuevo TLCAN deberá contener provisiones concretas para “criminalizar la corrupción del gobierno”.

Todo ello parece muy positivo. Sin embargo, ¿debemos creerles? La respuesta es, probablemente no.

Primero, Estados Unidos está exigiendo que se fomente la creación de “códigos de conducta para fomentar altos estándares éticos entre funcionarios públicos”, sin embargo, el mismo Estados Unidos está lejos de tener dichos códigos. En su Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (15 U.S. Code §§ 78dd-1a), Estados Unidos es claro en mencionar que será considerado ilícito que cualquier funcionario público estadunidense ofrezca algo de valor a un funcionario público extranjero para influir en sus decisiones. Sin embargo, tan sólo un párrafo abajo (15 U.S. Code §§ 78dd-1b), advierte sobre una “excepción para la acción gubernamental de rutina”. Esto es, Estados Unidos estipula que la sección anterior no aplica cuando la corrupción se realice para “agilizar o asegurar la ejecución de una acción gubernamental de rutina por parte de un funcionario extranjero, partido político o funcionario del partido”. Es decir, si la corrupción se utiliza sólo para “facilitar” o para hacer que las cosas avancen más rápido, ésta será prácticamente permitida.

Una mejor propuesta sería exigir que se transparenten y sancionen todos los casos en los que estas “transacciones de rutina” son encontradas, sancionar a las personas que no las reporten y transitar hacia un sistema en el que ni en México ni en Estados Unidos se permita ningún tipo de pago facilitador.

Segundo, Estados Unidos, supuestamente, busca requerir la adopción o el mantenimiento de requisitos para que las empresas mantengan libros y registros precisos, que facilitan la detección y rastreo de pagos. Sin embargo, la mayor parte de las empresas comerciales que son suficientemente grandes como para comerciar ya cuentan con prácticas internacionales de libros y registros. Si acaso, son empresas pequeñas y fantasma las que están detrás de los actos de corrupción. Estas empresas no necesariamente se involucran directamente en transacciones internacionales, por lo que podrían seguir operando, favoreciendo a las grandes sin que el tratado necesariamente les aplique.

Una mejor exigencia sería crear incentivos para revisar mediante sistemas automáticos la creación y eliminación de empresas pequeñas que nacen y mueren con rapidez dentro del SAT para realizar actos corruptos. Asimismo, se debe buscar evitar el uso del dinero en efectivo en transacciones comerciales de cualquier tipo, incluso dentro de la economía informal.

Tercero, Estados Unidos quiere que se “rechace la deducción de pagos corruptos a efectos del Impuesto Sobre la Renta”, lo cual, técnicamente ya está rechazado y criminalizado por la ley mexicana. Este punto demuestra que, o Estados Unidos no conoce el sistema legal y fiscal mexicano o no sabe pedir lo que busca. La ley mexicana es clara en mostrar que los pagos ilegales hechos a autoridades públicas para obtención de beneficios personales no son deducibles de impuestos.

Si a lo que se refiere el gobierno americano es a que en algunas instancias los pagos ilegales son facturados, lo que realmente están solicitando es la mejor aplicación de la ley para evitar la evasión fiscal. Esto, sin embargo, no es algo que supongo estén dispuestos a decir con todas las palabras (“eliminar evasión fiscal”), ya que la evasión fiscal en Estados Unidos también es un grave problema que no han podido, o no han querido, resolver.

Un verdadero TLCAN con reglas anticorrupción requeriría muchos cambios en Estados Unidos que no necesariamente estarían dispuestos a aplicar ni ellos mismos. La asimetría entre lo que piden y lo que ellos ofrecen es preocupante.