No reduzca la corrupción, simule que lo hace

Tal pareciera que México está más comprometido con reducir la corrupción que nunca. Se están investigando a 16 gobernadores por actos de corrupción (o ligas con el crimen organizado), se están creando legislaciones locales que fomentan la participación ciudadana, y la Auditoría Superior de la Federación tienen mayores capacidades de las que jamás había tenido.

Sin embargo, ¿realmente qué tan comprometidos están los estados en reducir la corrupción?

La respuesta es depende. Hay tres tipos de estados, dependiendo de si han o no aprobado las reformas y leyes secundarias necesarias.

Primero, y en el mejor de los casos, están los nueve estados que ya tienen aprobada su reforma anticorrupción y sus leyes secundarias, todas de forma satisfactoria. En este caso están 9 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora.

Segundo, y en un escenario menos satisfactorio, están los estados que tienen la reforma, pero no las leyes secundarias. Éstos son 5 estados: Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

Tercero, y en una situación de total apatía están los estados que no han logrado aprobar ni reformas ni leyes secundarias. Éstos son 3: Campeche, Chihuahua y Tabasco. Tampoco han logrado aprobar, pero van en camino (ya con una iniciativa de buenas características) otros 4: Coahuila, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.

Ahora bien, los peores estados, sin embargo, no son los que están avanzando (los 21 estados de arriba), sino los 11 estados que van avanzando en implementar un Sistema Local Anticorrupción simulado, es decir, con leyes deficientes o irregulares. Esto es, sin duda, el peor escenario porque permite pretender, simular, que se lucha contra la corrupción cuando en realidad, con el marco legislativo aprobado no se puede hacer de verdad.

En la total simulación se encuentran dos estados: Durango y Guanajuato. Transparencia Mexicana y el Imco han mostrado que ambos estados han aprobado las reformas y las leyes secundarias anticorrupción, pero (¡gran detalle!) no con la calidad necesaria. Al gobernador José Rosas Aispuro (Durango) y Miguel Márquez Márquez (Guanajuato) hay que llamarlos a cuenta para que expliquen la razón por la cual se ha llegado a este equilibrio tan negativo.

Es imperante que estos estados vuelvan a discutir sus leyes para aumentar su calidad. Con leyes de calidad “regular” como las han clasificado Transparencia Internacional y  el Imco, no se podrá luchar contra la corrupción de forma adecuada.

Es también relevante ponerle un algo a los estados que van en camino de la simulación. Se encuentran en esta situación los siete estados que ya han aprobado la reforma anticorrupción (no las leyes secundarias todavía), pero con calidad “regular”, como la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, o incluso “deficiente” como Jalisco. Así, al peor de este bloque, el gobernador Aristóteles Sandoval, también se le debe llamar a cuentas y preguntar por qué la calidad de su reforma es tan baja. Sorprende de él, ya que siempre ha mostrado ser un gobernador muy receptivo a la voz de la sociedad civil e innovador en su forma de gobernar.

Finalmente, se encuentran los estados que quieren encaminarse a simular, y estos son dos Baja California y Quintana Roo. Éstos son estados que no han probado las reformas (ni las leyes secundarias), pero las iniciativas se están discutiendo.

A nivel federal ya tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción funcionando, o casi. Sólo falta terminar la discusión sobre la Fiscalía (y, con ello, asegurar un fiscal anticorrupción independiente), y asegurar que exista un presupuesto para que pueda operar el Comité de Participación Ciudadano. A nivel estado, sin embargo, hay estados muy atrasados.

Twitter:@Viri_Rios