A todos, la ley, a mí no: PGR

El lunes pasado, la PGR modificó el acuerdo por el que habíamos creado la Fiscalía Anticorrupción para sigilosamente quitarle autonomía, limitarla y volverla su subordinada. Se hacen. Se hacen porque perfectamente saben que lo que están haciendo está mal.

Este modo de actuación es típico de esta administración: la simulación. Se utilizan las palabras adecuadas para describir a la Fiscalía, dice que la Fiscalía será “un órgano con autonomía técnica y operativa” y que “contará con el personal sustantivo especializado, directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones”.  Pero, ya en la práctica, en la implementación y en la letra chica, se establecen limitantes relevantes a la acción del fiscal Anticorrupción. Éste no podrá nombrar a su propio personal, le tendrá que reportar anualmente al procurador como si fuera su subordinado, no podrá realizar sus propios peritajes y, peor aún, se le  permitirá investigar a todos, menos a quien firma el acuerdo, a todos, menos a la PGR. ¿Más cinismo? No se puede.

Son tres aspectos los que resultan preocupantes:

1.- Se permite a la Fiscalía Anticorrupción investigar y perseguir la corrupción de todos los funcionarios, excepto la que se pudiera presentar en la PGR. A todos, la ley, a la PGR, otra cosa. La PGR que, reitero, firma el acuerdo podrá ser investigada, pero sólo por la visitaduría. El conflicto de interés suena obvio, porque lo es. Los agentes del ministerio público, los agentes de la policía federal ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y demás servidores públicos de la PGR estarán exentos de ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Claramente, y dadas las enormes áreas de oportunidad que existen para eliminar la corrupción al interior del sistema de procuración de justicia, esto es inaceptable.

2. El fiscal Anticorrupción tendrá que pedirle permiso (i.e., “proponer” es el término utilizado) al procurador para nombrar de las personas que estarán a su cargo. Esto significa que, nunca podrá contratar a alguien con quien el procurador tenga disgusto. La (pésima) broma aquí se cuenta sola.

3.- El fiscal Anticorrupción no tendrá peritos propios, sino que utilizará los de la Coordinación General de Servicios Periciales. Esto no estaría mal, de no ser porque el caso de Ayotzinapa (la evaluación del GIEI) ya ha dejado en claro que pudiera existir cierta parcialidad en los peritos de la PGR (ya sea por falta de entrenamiento, o por presiones políticas cuando se les exige tener resultados, sí o sí).  Aun asumiendo que no sean parciales, hay un enorme problema de subcapacidad en Servicios Periciales. Hay más delitos esperando en Servicios Periciales que los que pueden ser investigados. Sumarle a la Coordinación General toda la labor de la Fiscalía Anticorrupción sin darle mayores recursos es una crueldad para los trabajadores de la coordinación y una mala jugada para la lucha anticorrupción. Esto hará que los casos de corrupción se pongan al final de una muy larga fila de casos o se investiguen antes que otros casos (que igual merecen justicia), sólo porque son mediática o políticamente atractivos.

En un mes entrará en vigor este acuerdo, y con ello, se le podrá un primer mal golpe a la Fiscalía Anticorrupción. Si el fiscal no puede escoger a su propio equipo (sin aprobación del procurador que es, a su vez, elegido por el Presidente de la República), si las áreas periciales de la PGR tendrán que investigar los casos de corrupción (cuando ya no se dan abasto si quiera con lo que investigan actualmente), y si todos pueden ser investigados, menos la Procuraduría misma, pues… se podrá luchar contra la corrupción, sí, pero sólo de forma parcial. Sólo a los que se ponga primero en la fila y sólo a los que no afecten a la PGR.