¿Anticorrupción o cacería de brujas?

El fiscal Anticorrupción es una de las figuras más críticas para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Llevamos casi dos años esperando que se nombre al fiscal Anticorrupción y, si no se logra nombrarlo en las próximas semanas, el SNA comenzará su existencia cojo. Sin una de sus piernas más importantes: la que investiga casos.

Aquellos que argumentan que el fiscal Anticorrupción no debe ser nombrado lo hacen porque creen que éste será de papel. Se argumenta que, dada la transición que actualmente enfrenta la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal Anticorrupción que se nombre dependerá del Poder Ejecutivo. En el peor escenario, rindiendo cuentas al Ejecutivo, podrá convertir la agenda del SNA en una cacería de brujas en contra de los enemigos del Ejecutivo. Estas voces, prefieren evitar seleccionar al fiscal Anticorrupción hasta que el marco legal de la PGR se actualice para convertirla en Fiscalía General de la República (FGR).

Si bien esto parece lo ideal, no lo es. No lo es por dos razones.

Primero, las reformas que se requeriría implementar no pasarán pronto y ni siquiera es obvio que pasen. Los requeridos serían cambios constitucionales y legales importantes que quedarían en manos de un Congreso que está politizado, que tiene demasiadas cosas en agenda y que cada vez piensa más y más en las elecciones de 2018. 

En vez de esperar y confiar en que el Senado logrará los cambios ideales, me parece que debemos comenzar a trabajar con lo que tenemos. La ley ya tiene previsto que este fiscal Anticorrupción será transicional y no tendrá que ser necesariamente ratificado cuando la PGR se convierta en Fiscalía General.

La verdadera disyuntiva no es entre tener un fiscal Anticorrupción “de papel” por ocho años o quedarnos sin fiscal Anticorrupción hasta que se aprueben las reformas necesarias para tener un sistema de ensueño.

La disyuntiva de la que estamos hablando es entre dejar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cojo (con el desprestigio que esto implicará para los congresistas, senadores y la clase política en general) o permitir al SNA comenzar su vida completo (sabiendo que la sociedad civil estará exigiéndole cuentas claras a quien sea que esté en el cargo).

Segundo, tenemos que entender que no hay instituciones perfectas y sí perfectibles. El primer fiscal, como cualquier proceso de aprendizaje institucional, no será el mejor fiscal, pero sí una figura necesaria para comenzar un cambio para este país. Me preocupa un poco que el fiscal sea temporal, porque existe la figura del Comité de Participación Ciudadana que ejercerá presión pública para que se implementen mejoras institucionales de forma continua. El que estamos seleccionando es pues un fiscal Anticorrupción que enfrentará limitaciones, pero estará en la mira ciudadana.

Mi postura es clara: nombremos fiscal Anticorrupción y centrémonos en lo que importa 

La cacería de brujas no se logra con la autonomía. Un fiscal anticorrupción completamente autónomo aun es sujeto de sesgos. Lo es porque tiene un enorme poder discrecional para decidir lo más importante de cualquier lucha anticorrupción: a quién se investigará primero. Si lo decide él mismo, serán sus valores, recursos y motivaciones los que guíen la lucha anticorrupción. Si lo decide la PGR, serán los valores, recursos y motivaciones los que creen la pauta. Y ambos son igualmente peligrosos. La autonomía no santifica.

La autonomía no santifica ni tampoco la independencia. No lo hace porque todas las personas, ciudadanos, independientes o no, tienen preferencias, sesgos e ideologías. Es la naturaleza humana. Así que, el que la lucha anticorrupción se convierta (o no) en una cacería de brujas no depende tanto del diseño institucional como de la transparencia y la vigilancia ciudadana. Tengamos fiscal Anticorrupción y centrémonos en vigilarlo desde la ciudadanía y los medios.