El vicio de origen del Presupuesto mexicano
Teóricamente, el Presupuesto 2017 debe ser una negociación entre dos adultos: Hacienda y el Congreso. No lo es. Nuestros congresistas, faltos de experiencia y capacidad técnica, reciben una propuesta de presupuesto por parte de los profesionales de Hacienda y se dedican, en vez dea cuestionarla, a negociar dádivas. Son niños pidiendodulces. Propongo una solución, los invito a que la exijamos.
La negociación del presupuesto en México es el triste ejercicio de Hacienda explicándoles el presupuesto a los diputados, y los diputados pidiéndole a Hacienda que se amplíen los recursos del Ramo 23 para llevárselos a su bolsa. Hacienda otorga y el presupuesto se aprueba sin mucho cambio.
Se supone que el Congreso debe ser capaz de analizar y aprobar el proyecto de presupuesto que le envía Hacienda. Tiene 68 días para analizar cómo se distribuyen 3.5 billones de pesos de gasto programable. La tarea es monumental. Equivale a revisar la asignación de dos mil144 millones de pesos por hora, sin descanso.
Suena imposible sin el suficiente apoyo y un equipo profesional… y lo es. Lo es porque nuestros diputados han convertido al que debiera ser su equipo profesional y neutral (el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP) en un botín político.
El CEFP, el encargado de analizar la propuesta de Hacienda dentro del Congreso, es dirigido por quien escoge el partido en el poder. No tiene neutralidad o autonomía, sino lógicas de lealtades partidistas. El director del CEFP actual, por ejemplo, fue elegido por el PRI y proviene de la Fundación Colosio.
Además, al CEFP se le dan sólo responsabilidades de corto plazo (en vez de permitirle analizar con detalle las finanzas públicas en estudios largos) y no se le faculta para analizar la deuda pública.
Peor aún, el CEFP no tiene acceso a información completa sobre cómo se realiza el presupuesto ni capacidad para solicitarla. Como ha dicho el Colectivo Peso, “el Ejecutivo tiene el monopolio de la información fiscal”. Ante este CEFP, politizado y débil, no es de sorprenderse que una de las pocas cosas que ha unido a Morena y al PAN recientemente ha sido un llamado para despolitizar y volver autónomo al CEFP.
En otros países, las cosas son muy diferentes.
El equivalente del CEFP en Estados Unidos, el Congressional Budget Office (CBO) prohíbe contratar a personas que tengan posiciones en organizaciones políticas (como la Fundación Colosio) y está obligado a realizar con objetividad cualquier investigación que le soliciten los diputados, independientemente del partido al que el diputado pertenezca. El director del CBO es nombrado en conjunto por diputados y senadores, es ampliamente reconocido por su objetividad y se le nombra cada cuatro años con posibilidad de extensión para evitar que se contamine con procesos electorales. La solidez de las investigaciones del CBO es tal que todos los partidos lo citan en sus debates. Fue el CBO el que mostró que crear un Seguro de Salud Universal reduciría los costos de la salud (plataforma demócrata) y fue el CBO quien mostró que no proveer de ciertas excepciones fiscales podría afectar el crecimiento económico en el corto plazo (plataforma republicana).
El vicio de origen de nuestro presupuesto es simple: el CEFP es débil. Es por ello que podemos continuar endeudándonos, tenemos programas duplicados y gastos guiados por la política, en vez de por la eficiencia.
Con un CEFP débil, Hacienda puede fijar el presupuesto sin que exista un contrapeso. La deuda no se cuestiona y el presupuesto se hace con estimados optimistas de crecimiento. Para 2016, por ejemplo, se estimó un crecimiento de entre 3.1% (mucho más del 2.4% con el que esperamos cerrar el año) y en 2015 pasó lo mismo.
Si queremos un Presupuesto 2017 bien analizado y construido en favor de todos los mexicanos, no nada más del Poder Ejecutivo, debe lograrse que el CEFP sea “de carácter bicameral, con independencia técnica y de gestión” y vigilar el nivel de endeudamiento y hacer estudios de largo plazo (como bien ha mencionado el Colectivo Peso).
El CEFP tiene que ser un organismo fuerte e independiente que tenga como su mandato principal el favorecer un presupuesto que erradique la pobreza y reduzca la desigualdad.
