Política de Estado: el atole con el dedo

La expresión “atole con el dedo” significa engañar a alguien como si fuera un niño o prometer en vano. Dar “probaditas” de algo para mantener tranquila y entretenida a una persona. En México, esa frase adquiere una dimensión mayor a un simple enunciado, es una política de Estado perfectamente estructurada y funcional.

Para algunos, esa política casi siempre va acompañada de eufemismos que tratan de hacer menos dolorosa la realidad, pero para los políticos sólo es una forma distinta de ver un problema. Así, pues, para Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, no es que el peso se haya depreciado (y mucho menos devaluado), sino que, incluso, se ha apreciado frente a otras monedas. El presidente Enrique Peña Nieto también comparte ese optimismo al señalar que la apreciación del dólar hace más competitivo al país.

Así, pues, en lugar de que los mexicanos se preocupen por ese máximo histórico en la cotización del dólar de 17.30 pesos, deberían de estar dando de brincos y de paso reconocer a José López Portillo como héroe nacional.

De esas hay varias, gracias a la colaboración de los usuarios de redes sociales se pueden rescatar algunos casos, como, por ejemplo, que no es que haya dos millones de pobres más, sino un 57.5% menos de personas que se encuentran en pobreza extrema alimentaria gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre; no es que la Selección Mexicana de futbol esté mal, sino que los árbitros nunca ayudan. No hay desaparecidos, sólo no localizados. No estaban secuestrados, sólo retenidos, y así varios.

El viernes, una perla más en la política de dar atole con el dedo. En conferencia el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dio a conocer un sorpresivo e inesperado (ironía de por medio) dictamen sobre el conflicto de intereses del presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray con relación a la Casa Blanca y la casa en Malinalco.

Terminó así la larga espera de seis meses en dar a conocer lo que todo el mundo esperaba que se diera a conocer: no había delito que perseguir.

Las reacciones negativas, que tampoco fueron sorprendentes, surgieron de inmediato y es que aun cuando esta investigación hubiera sido exhaustiva y rigurosa, estaba destinada al fracaso, por varios motivos:

1. El nombramiento de Andrade al frente de la SFP fue polémico desde el principio y no porque el funcionario no tuviera las credenciales para ocupar el cargo, sino porque le pesaba su relación amistosa con Luis Videgaray. Además, ¿cómo suponer que un subordinado condenaría a su jefe? Máxime cuando el día de su nombramiento el mandatario dijo claramente que en todo momento su actuar había estado apegado al marco jurídico. A ver… contradice a tu jefe.

2. La investigación ¡tardó más de seis meses! en llevarse a cabo. Eso no es precisamente lo que se llama justicia expedita.

3. El secretario no ha tenido una actuación sobresaliente al frente de la dependencia que debería amarrarle las manos a los funcionarios; algo que le permitiera a la opinión pública decir que tiene la mano dura y que, así como exoneró al Presidente, ha condenado a otros.

Todo esto provoca la sensación de que, nuevamente, se le dio atole con el dedo a la población. Lo único bueno de todo es que ya hubo un “usted disculpe” por parte del mandatario debido a los problemas que hubiera podido causar la Casa Blanca y que, además, el famoso caso de los calcetines al revés ha quedado resuelto. Lo demás es lo de menos.