Violencia política contra mujeres en la elección 2018
Sin lugar a dudas, en los últimos seis años el incremento de la cantidad de mujeres en los espacios de poder público es resultado de una efectiva política pública para impulsar la igualdad política entre mujeres y hombres. Según los datos de 2017 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe presentados por la ONU, nuestro país ocupa el cuarto lugar en porcentaje de representación política de diputadas a nivel federal en comparación con 53 países de América Latina y el Caribe.
Bolivia se encuentra en primer lugar con 53.1%, le sigue Cuba con 48.9% y Nicaragua con 45.7%. Aunque no se refleja el dato en este documento, México también ha crecido en presencia femenina en las diputaciones locales y presidencias municipales (40% y 17% respectivamente). Es casi seguro que después del primero de julio estas cifras se incrementarán toda vez que de los 3,497 cargos (diputaciones federales y locales, senadurías y presidencias municipales), la mitad de candidaturas registradas de cada partido o frente político serán mujeres.
El parteaguas de este crecimiento de la presencia femenina en el quehacer público lo generó la sentencia de género de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral en 2011 y, posteriormente, se potenció con la reforma de paridad política del artículo 41 constitucional en 2014. Aún falta lograr que tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial las mujeres tengan una cuota asegurada de presencia en los cargos de primer nivel y no hay duda de que el mayor número de legisladoras ayudará a que esto suceda en un futuro inmediato.
No obstante, el optimismo que estos datos generan a las mujeres y sus aliados, hay otros números que no son para festejarse, uno de ellos es el referente a la violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones. De poco ha servido que a un gran número de estados de la República se les haya declarado la alerta de violencia de género (13 han sido declarados y nueve se encuentran en trámite de posible declaratoria), los feminicidios en algunos municipios han crecido y en otros, en donde parecía que no ocurrían, han aparecido con una saña demoledora, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde recientemente fueron asesinadas la maestra Graciela Cifuentes y su hija Sol.
Pero la violencia feminicida no sólo se expresa en las relaciones del entorno familiar o laboral, también se manifiesta por motivos de lucha de poder político relacionado con la discriminación contra las mujeres. Muestra de ello son las muertes de algunas mujeres que aspiraban a un cargo de elección popular en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, en donde fueron asesinadas Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Rebaja Pedro, precandidatas del PRD y PRI respectivamente.
No sólo se han conocido estos casos de violencia política, de hecho, hay denuncias de las mujeres candidatas en cada campaña electoral. Recordemos el caso de la hoy gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien tuvo que enfrentar una campaña denostadora, basada en la discriminación contra su persona por ser mujer. De hecho, su ejemplo y el de otras actoras en coyunturas electorales ha quedado asentada en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género que publicaron diversas instituciones el año pasado.
Por esta razón, legisladoras de diferentes partidos presentaron propuestas para tipificar el delito de violencia política por razón de género, lamentablemente no se logró su aprobación porque el debate quedó entre los pendientes del Congreso de la Unión o porque, quizá, no es una promesa de campaña como el tema de “Fuero Constitucional” que fue votado a vapor el día de ayer en la Cámara de Diputados. No obstante esta falta, vale la pena rescatar el esfuerzo que están realizado diversas instituciones como el Instituto de la Mujer, la Conavim de Gobernación, el INE, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral y, en especial, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que instalará una mesa de trabajo contra la violencia política por motivos de género el próximo miércoles 25 de abril con diversos actores institucionales, personalidades de la academia y representantes de organizaciones sociales en conjunto con las fiscalías locales tanto generales de justicia como especializadas contra delitos electorales, para dar seguimiento no sólo a los casos denunciados por las mujeres, sino a todos aquellos que se presenten durante el periodo electoral.