El presidente López Obrador sabe lo que está pasando en Guerrero (como él dice: el Presidente lo sabe todo). El video que se difundió de la presidenta municipal de Chilpancingo, hablando con un presunto líder de un grupo criminal, podría ser el de cualquier otro alcalde o alcaldesa, o de la gobernadora, o de algún diputado o senador de cualquier partido político. Quizás por eso el Presidente es condescendiente y no le exige a la alcaldesa que renuncie de manera inmediata. Mientras, los ciudadanos pagaron los platos rotos y fueron víctimas de las acciones de represalia criminal.
Ciertamente, el asedio del crimen organizado a quienes ejercen el poder político o son responsables de procurar justicia es un problema viejo y no es privativo de ese estado. Para muestra, recordemos a diferentes personajes del quehacer público en el ámbito federal, estatal y municipal, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han sido señalados, y hasta encarcelados, por sus nexos criminales. Lo nuevo fue, en este caso, que la tecnología nos permitió ver, de forma trasparente, esa turbia relación. Con esto queda claro que lo que está sucediendo en materia de violencia e inseguridad no tiene el mismo origen que en el pasado y, por lo tanto, sus efectos tampoco.
Por un lado, tenemos los resultados del fracaso de la política de seguridad pública que, bajo la consigna de “abrazos y no balazos” y la estrategia de militarización, concentró los recursos presupuestales en el ámbito federal y dejó en la indefensión a los gobiernos estatales y municipales; además, desapareció la estrategia de prevención de la comisión de delitos y de la violencia, que se había implementado desde el sexenio de Vicente Fox.
Por otra parte, tenemos efectos territoriales diferenciados de este fracaso. De esto, son factores determinantes las características históricas, geográficas, y de la población que habita en cada entidad. No son los mismos efectos en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, que en otros estados. Por las características geográficas y de pobreza de la población, en estas entidades, es fácil que prosperen los negocios de producción de cualquier tipo de droga; pero, por el abandono, la falta de visión, la discriminación institucional, la posible complicidad y la indolencia que prevalece desde el ámbito federal, las actividades ilícitas se han diversificado y extendido, como consecuencia, se ha perdido el Estado de derecho en varios municipios. Desde el proceso electoral de 2021, se señalaron algunos municipios que sólo tenían un competidor para la presidencia municipal, por lo tanto, ya estaba sembrada la duda sobre la legitimidad de esos gobiernos.
Que los grupos criminales controlen diferentes territorios es un problema estructural que ningún presidente de la República ha podido resolver. Porque un problema estructural no se resuelve con una “acción de Estado”, sino con una estrategia de Estado. Por ejemplo, poco sirve la presencia coyuntural de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, en respuesta a alguna crisis como la que vivió Chilpancingo en esta semana, o para reinstalar alguna población desplazada, porque, cuando se retiran, las crisis siguen ahí y los ciudadanos vuelven a ser violentados o desplazados.
La estrategia de Estado implica una visión global del problema y solución a largo plazo, una visión federalista y democrática, tanto para diseñarla como para ejecutarla. Una estrategia de éstas sólo funciona si, quienes gobiernan, también tienen esa convicción de visión de Estado para ejecutarla. Implica derrotar la práctica autoritaria, patrimonialista y discriminatoria de ejercer el poder político. Implica la construcción de acuerdos de forma vertical y transversal, de arriba hacia abajo y con participación igualitaria de quienes ejercen el poder político en los tres niveles. Implica que esos acuerdos produzcan modelos focalizados de participación ciudadana con acciones concretas para reestructurar el tejido social, que está roto, porque las propias familias están divididas y polarizadas por la falta de igualdad de oportunidades para estudiar, para trabajar, para tener los mínimos satisfactores.
El caso de Chilpancingo es emblemático, pero también lo fue Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ¿vendrá algo peor?