Crimen de Estado

Fue un “crimen de Estado” la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así concluye el informe que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el 19 de agosto a nombre de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Después de la espectacular detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, no quedó claro si el crimen se calificó como “de Estado” por la participación de funcionarios de gobierno en conjunto con criminales en la desaparición de los jóvenes, ese 26 de septiembre del 2014, o si ese adjetivo surge de las acusaciones que hoy se le imput­an al exprocurador, quien se encuentra vinculado a proceso y se mantiene bajo prisión preventiva justificada por “desaparición forzada, tortura y obstrucción en la administración de justicia”.

En octubre del 2014, en este mismo espacio, con el título: Crimen de Estado, escribí sobre este crimen perpetrado en la ciudad de Iguala, Guerrero. Aún no se tenían suficientes elementos para conocer el motivo por el cual habían desaparecido 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (conocida como Ayotzinapa), pero ya se sabía que habían estado involucrados el presidente municipal José Luis Abarca, policías municipales y miembros de un grupo criminal.

Ha pasado mucho tiempo desde ese atroz crimen y ahora, por parte del gobierno actual, se intenta construir una nueva narrativa de los hechos, tal vez con la intención de conjurar una posible movilización, en el mes de septiembre, de los normalistas y los padres de los desaparecidos, o quizá, simplemente, lo de los 43 desaparecidos era un tema que el Presidente no quería reconocer como “pendiente” en su promocionado cuarto informe de gobierno (desgobierno); pero la realidad sigue terca, como el propio Presidente, y este nuevo informe no tiene nada extraordinario, además de lo que ya se conocía por el de la verdad histórica, por lo que tampoco termina de gustarnos.

De hecho, ningún informe podrá satisfacernos, porque, en el fondo, al igual que los propios padres de las víctimas, deseamos que no se haya cometido este atroz crimen, ni que haya sido de la forma en que se presume que se cometió, es doloroso y moralmente inaceptable por el nivel de crueldad que implica. No obstante, lo negativo de este nuevo informe es hacer creer que se comenzó de cero en la investigación, porque todo se hizo mal en el pasado. Aquí cabe preguntar ¿qué se hizo en el pasado y qué se está haciendo en el presente?

Tan sólo recordemos que, en la pasada administración, por este proceso, del 2014 al 2017 hubo 142 detenidos, de los cuales 77 fueron liberados y 120 fueron procesados judicialmente. 71 de ellos, acusados del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes (comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y la PGR).

De esta forma, por la gravedad de los señalamientos en la participación de los hechos, llamó la atención la liberación de algunos de los presuntos implicados, uno en septiembre del 2018 y otro en septiembre del 2019. Lamentablemente, bajo el argumento de que el proceso se había viciado por actos de tortura. Por supuesto que nadie acepta que bajo tortura se haga declarar a alguien, pero ¿de verdad, no participaron en los hechos?

Paradójicamente, tanto el exprocurador Murillo Karam, como Tomás Zerón de Lucio (quien en este momento se encuentra prófugo porque fue acusado de tortura y desaparición forzada y vinculado a proceso, precisamente en relación con este caso) y otros funcionarios que directa o indirectamente estuvieron involucrados con la investigación, sí están siendo perseguidos con todo el rigor de la ley; algunos de ellos encarcelados desde principios de este gobierno, por ejemplo Carlos Gómez Arrieta, a quien muchos de los que fuimos legisladores, recordamos con afecto y reconocimiento por su trabajo en la Cámara de Diputados. En conclusión, tal y como dijo Omar García Harfuch: ojalá detengan a quienes hicieron el daño a los jóvenes, en lugar de arruinar vidas y reputaciones de quienes hicieron su trabajo.